Una de las grandes discusiones anuales en junio es el reajuste del salario mínimo. Si bien estamos definiendo como sociedad el piso del ingreso laboral, la realidad es que en Chile aproximadamente 800 mil personas -de un total de 7,6 millones de ocupados- efectivamente ganan el salario mínimo o menos (Casen 2009).
Para todas estas personas (y posiblemente familias, porque en los estratos más bajos usualmente sólo el jefe de hogar trabaja) el «desde» es precisamente el sueldo que reciben y que les permite sobrevivir durante el mes. Vale la pena entonces contextualizar la discusión y evitar repetir argumentos por costumbre.
Si bien es sabido que la distribución del ingreso en Chile es mala, no es de conocimiento común cuan desigual es. Los ocupados que ganan más que el salario mínimo (SM), en su mayoría -alrededor de un 60%- no reciben más de dos SM. Sólo 30% gana al menos tres SM. Considerando a toda la población, el ingreso autónomo per cápita del hogar perteneciente al decil 9 es de tan sólo $367.446 (dos SM, según Casen 2009) y solamente el 10% más rico recibe en promedio un ingreso autónomo per cápita de $1,5 millones.
El sector agrícola es el que tiene la mayor concentración de trabajadores que ganan el SM. Desde el punto de vista de género, quienes ganan SM son mujeres en su mayoría y en relación al grupo etario, la mayor proporción son jóvenes. El reajuste real del salario mínimo fue de 20% en 1990 y luego de un 3% promedio entre 1991 y 2011, con excepción del período 1998-2000 cuando promedió 8%.
Sin embargo, a partir de 2007 el alza del costo de vida en los segmentos más pobres ha superado en casi un punto porcentual la inflación reportada, con lo cual la pérdida del poder de compra del salario mínimo ha sido mayor. Al comparar con la evolución del índice real de remuneraciones (INE) se observa que el SM se reajusta levemente por encima de éste, con excepción de 2008 (menos) y de fines de los ’90 (significativamente más). El salario mínimo anualizado representa 33% del ingreso per cápita.
Según la OIT, valores para el SM que representen entre 30% y 60% del PIB per cápita no tendrían efectos negativos sobre el empleo, con lo cual habría espacio para elevarlo. Al respecto, la evidencia empírica en Chile es sorprendentemente escasa -opinión que comparte Bravo y Vial (1997)- y no existe consenso sobre la magnitud del efecto que tendría en empleo.
Según Sapeili (1996), habría evidencia clara de que generaría una fuerte alza en desempleo; sin embargo, Landerretche (2005), Bravo (2005) y Bravo y Contreras (1996) critican dicho trabajo. Bravo y Vial indican que dentro de un rango -determinado por la capacidad del empleador de «aprovecharse del escaso poder de negociación salarial del trabajador de bajos ingresos»-, un aumento del SM tendría un efecto positivo sobre su remuneración, sin aumentar el desempleo en esa categoría de trabajadores. Por su parte, la Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo (junio 2010) no es concluyente.
La primera propuesta, de carácter más general, es que la negociación del reajuste debería realizarse con perspectiva de largo plazo y mejorando la posibilidad de negociación colectiva, que hoy es marginal. Debería además estar aislada del ciclo político, para evitar reajustes desproporcionados en año electoral.
Por ejemplo, debería basarse en recomendaciones de un comité de expertos independiente, que estime las implicancias de la inflación y productividad esperadas. Es decir, es recomendable que se definan los ajustes por reglas, minimizando la discrecionalidad, pero haciéndose cargo de elementos de justicia social. En concreto, proponemos alcanzar la meta del salario mínimo de $250.000 en cuatro años con reajustes nominales de 7% este año y 8%, 9% y 10% en los tres sucesivos, respectivamente.
Si la inflación permanece estable en torno a la meta de 3%, dicho ajuste implicaría variaciones reales de 5% promedio durante el período. Asumiendo que el crecimiento real de la economía sería de 4,5% en 2012, y promediaría 5% en 2013-2016, se lograría que el SM pasara a representar un 37% del PIB per cápita.
Para estimar las implicancias que este ajuste podría tener sobre el empleo, hacemos uso de los mismos valores para la elasticidad empleo-producto (0,7) y empleo-salario (-0,35) que usó la Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo (junio 2010). Así, el crecimiento del empleo se ubicaría en torno a 2% como resultado de un alza real del salario mínimo de 5%, y un crecimiento real de la economía de igual magnitud. Este incremento de la ocupación es menor al promedio observado en 2010 (cercano a 8%), pero sólo 0,5 pp inferior al promedio de los últimos seis trimestres móviles.
Implicaría crear aproximadamente 150.000 puestos de trabajo al año, 50.000 menos que la meta de gobierno, lo cual no parece tan grave considerando que actualmente la tasa de desempleo se ubica en 6,5% (febrero-abril 2012). Por último, cabe destacar que aun reconociendo el rol del salario mínimo en el pasado en reducir la pobreza, éste no debería ser el instrumento.
El ingreso ético familiar (IEF) es preferible, ya que además es focalizado. Así, lo deseable sería negociar un salario rnínimo combinado con mejoras al mecanismo de negociación colectiva, disminución de la informalidad, evitando malas prácticas asociadas a tercerización y subempleo, incentivando mayor participación laboral de jóvenes y mujeres y potenciando el IEF entre otras. El conjunto tendría un impacto positivo en empleo y al final en lo que importa: calidad de vida.