Un modelo imperfecto
Uno de los desafíos que enfrentamos hoy es cómo diseñar una institucionalidad que ayude a mejorar la calidad de nuestra educación superior pública y privada, sin reducir la extraordinaria cobertura alcanzada en los últimos 30 años. La acreditación es una forma imperfecta para evaluar algo muy difícil de medir. Y lamentablemente, dependiendo de cómo se lleven adelante los procesos, puede terminar siendo un freno a la innovación de los modelos educativos; una especie de herramienta para homogeneizar todos los proyectos, lo que coarta la libertad de elección de los alumnos y sus familias. Si los procesos de acreditación empujan a todas las instituciones a seguir el ejemplo de las universidades tradicionales, jamás podremos encontrar nuevas y mejores maneras de hacer las cosas, que es una de las ventajas que las buenas universidades privadas tienen por su flexibilidad y capacidad de gestión.
Si la forma de obtener más años de acreditación es seguir el modelo de las tradicionales, las privadas no podrán seguir realizando a cabalidad el tremendo aporte que han hecho a la sociedad chilena en los últimos 30 años, y tendremos un sistema más homogéneo y con menos espacio para la innovación.
Al repensar la institucionalidad debemos tener en cuenta que en nuestro sistema convivirán universidades de distintas características. No existe una varita mágica para hacer que todas las universidades en Chile sean buenas: las habrá buenas, regulares y menos buenas, y debe haber espacio para todas, en la medida en que cumplan con su misión y visión.
Es público y notorio que últimamente la CNA subió sus exigencias para acreditar, con el afán de recuperar la credibilidad perdida por acusaciones de corrupción. Su estrategia hoy en día apunta a aplicar mano mucho más dura.
Por esto, algunas universidades han recibido un número de años de acreditación menor al que contaban anteriormente, lo que afecta su imagen. Sin embargo, esto resulta mucho más grave cuando a un plantel le quitan la certificación, ya que al no ser acreditado queda en una posición de riesgo financiero injustificada. Al estar vinculado el acceso al Crédito con Aval del Estado con la acreditación, hace que el burócrata de turno tenga el poder sobre la vida y muerte de las instituciones. Esto, porque al no contar con ella, pierde la captación de un número significativo de alumnos, que necesitan el CAE para estudiar. La CNA no fue creada para esto, no fue creada para decidir qué universidades debieran existir y cuáles no.
Recientemente se le negó la acreditación a la Universidad Gabriela Mistral, que tiene una historia de más de 30 años cumpliendo cabalmente con su misión de formar profesionales. Sin conocer en detalle las razones para esta medida tan extrema, resulta muy cuestionable la oportunidad en que esto ocurrió justo antes del proceso de admisión 2014, causándole un daño irreparable a la UGM, que cumple con sus compromisos de pagos a profesores administrativos y proveedores. No parece justo que ninguna institución vea en peligro su subsistencia porque simplemente le negaron la acreditación. Las razones para quitar la licencia o cerrar una universidad están establecidas en la ley. Con la normativa vigente, la pérdida de acreditación, y con ella del acceso al CAE, es una forma de llevar a una universidad al borde de la quiebra.