Hace cerca de un año, muchas voces se levantaron para evitar que se retrasara la construcción de nuevos hospitales, tan necesarios para la población. Esto, porque el Gobierno —recién asumido— había tomado la decisión de desechar las seis concesiones hospitalarias adjudicadas y en proceso de licitación, las cuales sumarían 2.500 nuevas camas al sistema público de salud.
Los argumentos técnicos estuvieron ausentes en la decisión de desechar tales proyectos (los cuales, de haber continuado su proceso estarían todos en construcción). Al parecer los argumentos respondían a razones ideológicas y a ciertas presiones de los gremios, sin considerar a los enfermos y a las necesidades sanitarias del país.
Como sucedáneo, el Ministerio de Salud prometió hacer un «esfuerzo sin precedentes» para llevar adelante una cartera de 20 nuevos hospitales (muchos de los cuales ya estaban en construcción), 20 en proceso de construcción y 20 en proceso de estudio hacia el fin del gobierno, lo que significaría una inversión de US$ 4.000 millones en cuatro años.
Después de admitir que 2014 fue un año «de diagnóstico», lo curioso es que hoy la autoridad muestra preocupación por la bajísima ejecución presupuestaria en inversión en lo que va de este año: tan solo un 3,48% en el primer trimestre. En efecto de los 20 hospitales comprometidos, 13 ya están atrasados. Resultado: con suerte tendremos 12 nuevos hospitales al término del Gobierno. Incluso, en la cuenta del 21 de mayo se reconocieron los atrasos. ¿Quién se hace responsable de estos errores? Parece que nadie. Lo triste de todo esto es que el Gobierno sabía que estaba arriesgando atrasos con sus decisiones, lo cual afectaría negativamente la atención de salud. Aquí no se trata de soberbia, sino de sentido común. Es así que transversalmente, se señaló que la detención de los proyectos de infraestructura terminaría por afectar el cumplimiento de metas en el país en materia de salud.
Pero esta lógica (la de no cotejar y escuchar opiniones distintas) no solo la apreciamos en salud. Por ejemplo, existe bastante concordancia en que la implementación de la reforma tributaria está teniendo problemas operativos serios —sobre todo para las pymes—. Lo mismo se observa con la reforma educacional.