TC y discriminación
Hace una semana conocimos el fallo del Tribunal Constitucional que determinó que la forma en que se pretende implementar la gratuidad universitaria por parte del Gobierno, es discriminatoria y arbitraria. Esta decisión no es nada más ni nada menos que el reflejo de lo que veníamos diciendo desde principios de este año, al conocer los requisitos para acceder a este beneficio establecidos por el Ministerio de Educación, los que resultaban abiertamente discriminatorios para los estudiantes vulnerables que por diversas razones habían elegido instituciones privadas, lo que a su vez aumentaba peligrosamente la segregación.
Desde el primer momento, dijimos que si se quería beneficiar a los estudiantes vulnerables, no era racional excluir a un gran porcentaje de ellos que hoy estudian en planteles privados (universidades, IP y CFT). Si se pretendía que primara la calidad, y para ello se utilizaba el criterio de 4 años de acreditación, era contradictorio incluir universidades estatales que no cumplían con ese requisito. Y advertimos oportunamente que la exigencia de triestamentalidad, que quitaba autonomía a las universidades y aumentaba la injerencia del Estado en los distintos proyectos académicos, no coincidía con los objetivos declarados por el proyecto.
Lamentablemente, frente a un proyecto a todas luces inconstitucional, el Gobierno se empecinó en seguir adelante. Esto, a pesar de que el sentido común y expertos de todos los sectores políticos criticaban la falta de diálogo con que se gestó este proyecto y advertían que la gratuidad pasaría a la historia como una mala política pública, diseñada en base a criterios errados porque no consideraba la calidad y beneficiaba injustificadamente a las universidades del Cruch. En este contexto, el TC salvó al país al menos por un año.
Sin embargo, la tozudez con que ha actuado el Gobierno, ha llevado a un punto en que existe muy poco margen de acción y a una incertidumbre que le hace muy mal al sistema de educación superior, y definitivamente perjudica irreparablemente a los alumnos que acaban de egresar de cuarto medio.
Esto aún puede resolverse de manera razonable, si el Gobierno acepta que la discriminación no es el camino y se decide a destinar estos recursos a otorgar más becas a los estudiantes vulnerables, independiente de la institución en la que estudien.
Ha quedado demostrado que resolver los problemas a puerta cerrada, sin pedir opiniones ni favorecer el diálogo, solo lleva al fracaso. Hoy estamos en un punto de inflexión y depende del Gobierno tomar las decisiones correctas, que favorezcan realmente a los alumnos más vulnerables.