Sistema de acreditación
Suele ser fácil hacer leña del árbol caído. Y los recientes sucesos en los que aparecen envueltas algunas autoridades de Comisión Nacional de Acreditación (CNA) han puesto un manto de dudas sobre todo el sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior Chilena.
Más de una vez, desde estas mismas páginas, se señaló que el sistema adolecía de in negables problemas, pero eso no significa que todos los procesos realizados a lo largo de estos años deban ser cuestionados.
I-a acreditación es un proceso complejo, que exige destinar importantes recursos humanos y materiales para demostrar precisamente cómo se está cumpliendo el proyecto educacional que la universidad declara realizar. Por lo mismo, las universidades que as piran a la excelencia se han tomado con seriedad y rigurosidad esta evaluación, trabajando previamente en un profundo proceso de autoevaluación, para después someterse al examen de los pares.
El Sistema Nacional de Acreditación, instaurado el 2006, tenía tres labores fundamentales: licencias a las nuevas universidades, acreditar la calidad de las instituciones y de los programas académicos y una labor de información pública.
A partir de entonces, el hecho de ser o no una institución acreditada y los años obtenidos constituyeron un indicador de calidad de las instituciones. La CNA podía otorgar entre uno y siete años, y fueron muchas las universidades que se sometieron a la evaluación voluntariamente. Y en gran medida, los años otorgados constituían un reflejo de la calidad de las instituciones y de la solidez de sus proyectos.
Nadie, con algún grado de objetividad, puede desconocer el aporte del sistema de acreditación y los hechos que estamos conociendo ahora no invalidan lo avanzado en materia de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, desde antes, era claro que el sistema requería ajustes porque en palabras del propio Ministro de Educación se «había vuelto débil».
Los cambios más importantes que necesita el sistema tienen que ver con disminuir la discrecionalidad de los evaluadores. En este punto, algunos proponen mayor estandarización en el proceso y la selección de los integrantes de la Comisión a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Otro elemento importante a considerar es la inclusión de indicadores de resultados, vale decir, de calidad de los egresados, la vinculación con el medio y la inserción de sus profesionales en el mercado.
Es también importante revisar el sistema de las agencias acreditadoras de las carreras pues hay incentivos perversos en el sistema que las induce a ser menos severas. Obviamente, al existir la posibilidad de elegirlas, las instituciones educativas optaran por las que tengan esta característica. Una proposición es que éstas se asignen de forma aleatoria.
Esta semana se envió al Congreso el nuevo proyecto de acreditación. Confiemos que en el debate primen criterios técnicos y no políticos, de modo de lograr los objetivos finales de un sistema de Aseguramiento de la Calidad: educación de excelencia e información transparente y apropiada para los miles de jóvenes que año a año ingresan a la educación superior.
El sistema adolecía de innegables problemas pero eso no significa que todos los procesos realizados a lo largo de estos años deban ser cuestionados.