Sí a la eutanasia
Sorprendió a muchos el anuncio del Presidente Boric de darle urgencia a la tramitación de una ley de eutanasia en Chile. Habiendo tantos otros problemas sanitarios en nuestro país (listas de espera no resueltas, la crisis de las isapres, inseguridad en los lugares de atención sanitaria y déficit de especialistas, entre otros muchos problemas), para muchos esta discusión es hasta sospechosa. ¿No será que quieren encubrir el déficit en la gestión sanitaria con esta ley?, se preguntan algunos. Otros mencionan que una legislación al respecto es el mecanismo más eficiente para paliar el déficit de cuidados paliativos universales. ¿Tienen razón? A primera vista, uno diría que sí, que no es este el momento de legislar al respecto, ni menos hacerlo con urgencia. Pero también hay que reconocer que, si se espera que todos los problemas de salud estén resueltos, el proyecto de ley estará hibernando a perpetuidad.
Para entender bien el problema, me parece necesario precisar los términos. Por eutanasia nos referimos a aquellas acciones realizadas por un profesional sanitario, que buscan producir directamente la muerte del paciente, a petición expresa, bien informada y reiterada por parte de una persona competente, en un contexto de enfermedad terminal o irreversible que provoca sufrimiento imposible de aliviar. No es eutanasia la suspensión de medidas de soporte vital, la sedación paliativa ni tampoco el rechazo a tratamientos.
En estas mismas páginas, hemos leído voces contrarias a una eventual legislación en esta materia. En marzo de este año, Javiera Bellolio manifiesta su preocupación al constatar que luego de legislarse a favor de la eutanasia en contextos bien específicos, éstos se han ido ampliando hasta incluir a niños y personas sin capacidad de consentir, como ocurrió en los Países Bajos. A su vez, Roberto Astaburuaga señala de manera categórica que una propuesta de este tipo se relaciona con el “octubrimo ideológico”, haciendo caso omiso a que existe amplio apoyo ciudadano en estas materias (ver por ejemplo Encuesta Bicentenerio UC 2021, donde el 69% está de acuerdo con que un médico pueda ayudar a alguien para morir y asimismo, en encuesta a médicos colegiados, el 59% estaría dispuesto a practicar la eutanasia). Por lo que los argumentos “octubristas” no son válidos. Reflexiona Astaburuaga que la vida humana es un bien indisponible, por lo que nadie tendría derecho a disponer de aquella vida, aún en circunstancias extremas, como lo son aquellas que permiten la eutanasia.
Otro argumento muy utilizado en contra de una eventual ley de eutanasia, es que la existencia de cuidados paliativos de calidad (universales y gratuitos), la haría innecesaria. Pues bien, la experiencia comparada en países con excelentes cuidados de fin de vida muestran que aún así, existen personas que a pesar de tener acceso a aquellos, consideran que su sufrimiento es insoportable e imposible de ser aliviado. Son este reducido grupo de personas (en países donde esta discusión quedó zanjada hace muchísimos años alcanza a un 5-6% del total de las muertes), las que podrían optar por asistencia médica para morir.
Finalmente, cabe señalar que una eventual ley que permita la asistencia médica para morir desafía los propios fines de la medicina y el rol que le cabe a la profesión médica. En este sentido, para resguardar los valores propios de la profesión, una ley de eutanasia debe permitir la objeción de conciencia de los profesionales involucrados en el procedimiento, no debiera obligar a recintos de salud privados a practicarla y debiera garantizar que nadie, bajo ninguna circunstancia, sea presionado a solicitar eutanasia o que, por insuficientes cuidados paliativos, considere que su sufrimiento es insoportable.
A pesar de lo delicado y controversial del tema, me parece que nuestro país está preparado para continuar con la discusión legislativa.