Riesgo de tsunami previsional
La ola reformista del Gobierno se está transformando en un verdadero tsunami que arrasa con todo. Lo vimos en el tema tributario, lo estamos viendo en las reformas educacional y laboral, y en materia constitucional se ha iniciado un camino incierto. En lo que respecta al régimen privado de pensiones, sin perjuicio de algunas conclusiones importantes que han surgido luego de conocerse el informe elaborado por la Comisión Bravo, habría que ser ingenuo para no percatarse de que el actual sistema previsional sigue estando en tela de juicio, al punto que incluso la propuesta que logró un mayor número de adeptos contiene gérmenes que, solapadamente, empiezan a erosionar las bases de un sistema que, sin ser perfecto, ha superado con creces las deficiencias que presentaba el antiguo régimen. Urge hacerse cargo del problema más inmediato que se enfrenta, como lo es el bajo nivel de las pensiones que recibe un grupo importante de personas, fortaleciendo el pilar solidario, y apuntar a soluciones de mediano plazo aumentando las cotizaciones contributivas, postergando la edad de jubilación y generando condiciones para que la densidad de las cotizaciones sea mayor.
¿Está funcionando mal el sistema de pensiones en Chile, como para que la solución sea introducir cambios profundos? A este respecto, dos son las opiniones que se han instalado en la opinión pública. La primera es que las pensiones son bajas, y la segunda es que éstas son inferiores a las que pagaba el antiguo sistema previsional chileno, basado en la lógica de los sistemas de reparto.
En relación a la pensión promedio, la cifra que surge de los datos de la Superintendencia dan cuenta de una pensión promedio de $184.917 pesos en agosto de 2015, inferior al salario mínimo ($241.000), a la renta imponible promedio ($660.000), y la pensión de vejez promedio del sistema antiguo a esa fecha ($212.669). Sin embargo, los valores en cuestión están errados. En ese cálculo de la pensión promedio se incluye a personas que, llegando a casos extremos, han cotizado una sola vez en su vida laboral, lo cual obviamente distorsiona el resultado. Lamentablemente, no se publica información que permita obtener el promedio de quiénes sí cotizaron durante toda la vida laboral. Pero más allá de esta corrección, lo que no se puede soslayar es el hecho cierto de que las pensiones que se están obteniendo no están satisfaciendo las expectativas de la población. Es contra esto que hay que lidiar, buscando la forma de resolver el problema.
Y en el caso de las pensiones que paga el sistema antiguo, la cifra promedio que usualmente se difunde omite el hecho de que para poder acceder a una pensión de vejez se requería un número mínimo de años de imposiciones, lo cual, con datos del IPS, dejaría sin cobertura al 50% de los imponentes. Este sólo factor hace bajar la pensión promedio a la mitad, y si a ello se agrega que la tasa de cotización en el sistema antiguo era el doble de la que hay en el régimen actual, si corregimos por este factor la pensión promedio en cuestión, para hacerla comparable, habría que ajustarla en otro 50%.
El principal enemigo que se enfrenta en la discusión de este tema es que se está comparando una realidad, que objetivamente para muchos es insatisfactoria, con un modelo idealizado, que está haciendo agua prácticamente en todo el mundo. Saquemos la máscara al antiguo sistema previsional, que algunos miran con algo de nostalgia:
Primero, ¿es efectivo que pagaba mejores pensiones? Para algunos pocos privilegiados sí, es cierto, pero para la gran mayoría no, y a un costo que duplicaba el del sistema actual, ya que la tasa de cotización para pensiones de vejez era el doble.
Segundo, ¿era más equitativo que el sistema actual? Claramente no. Cabe recordar que en 1980 había 32 cajas de previsión, que administraban más de 100 regímenes distintos. Dos tercios del total de trabajadores cotizaba en el Servicio de Seguro Social (SSS) –los que eran llamados “obreros”-, quienes para poder acceder a una pensión de vejez debían, además de haber cumplido 65 años de edad, poder registrar un número de 800 semanas de imposiciones (15 años).Pero los empleados particulares y públicos, además de la pensión de vejez, podían también acceder a una pensión de antigüedad (35 y 30 años de imposiciones, respectivamente). Y en el caso de los trabajadores bancarios, se podía acceder a una pensión de vejez con 55 años de edad los hombres, o a una pensión por antigüedad con 24 años de imposiciones, o 13 años si acaso eran despedidos. Por cierto, en la cumbre de la pirámide estaban los parlamentarios, quienes por el solo hecho de haber ejercido como tales podían acceder a una pensión.
Agreguemos a lo anterior que los trabajadores independientes no tenían acceso a las cajas de previsión, y que las pensiones no estaban indexadas al IPC, lo cual, en un contexto de inflaciones elevadas, erosionaba fuertemente su poder adquisitivo, y las opciones de reajuste dependían únicamente de la disponibilidad de recursos fiscales, quedando los pensionados absolutamente desprotegidos, a merced de lo que resolvieran los gobiernos.
Tercero, haciendo referencia únicamente a los aspectos de financiamiento, ¿es viable un sistema de este tipo, en un contexto en el que la relación entre trabajadores activos y pasivos es cada vez menor? La respuesta es que no. No resulta muy aventurado sostener que si se quisiera establecer un sistema de reparto manteniendo el nivel de las pensiones actuales, las tasas de cotización deberían a lo menos duplicarse.
Ante un escenario como el descrito, con todos estos antecedentes a la vista, y habiendo una insatisfacción bastante generalizada ante el nivel de las pensiones vigentes, es obvio que corresponde tomar medidas. ¿Sobre qué base? Perfeccionando el sistema vigente, abordando aquellos temas que hoy día están jugando un rol fundamental en la determinación de las pensiones. ¿Y cuáles son éstos? Densidad de cotizaciones y expectativas de vida.
En lo que respecta a la densidad de las cotizaciones hay bastante consenso en cuanto al diagnóstico, habiendo un conjunto de factores que están incidiendo en esta materia en forma significativa, y que dicen relación con la situación ocupacional del cotizante, con el desempleo e inactividad laboral que enfrenta durante su vida, y con problemas de evasión y elusión previsional. Propuestas en esta línea hay de diversa índole, las cuales deben tener como denominador común el poder lograr un mejor funcionamiento del mercado laboral un mayor número de empleos y de mejor calidad, en un contexto de mayor flexibilidad.
En lo que respecta a la esperanza de vida, no se puede continuar eludiendo la necesidad de un cambio legal que aumente gradualmente la edad de jubilación, pero ello debe ir acompañado de iniciativas que incentiven y faciliten la prolongación de la vida laboral.
Con todo, una mínima dosis de realismo me hace pensar que la primera línea de defensa para protegerse de un tsunami reformista en este ámbito debe partir por cosas muy concretas que permitan, en el corto plazo, dar una solución al problema de bajas pensiones que afecta a un grupo importante de personas. No hacerse cargo de esta realidad sería miope, pero para avanzar en esta línea, lo procedente sería hacerlo sin alterar las bases del sistema actual, y ello requiere actuar desde las pensiones no contributivas.
Hay quienes dicen haberse tranquilizado con el resultado final entregado por la Comisión Bravo, en el sentido de que habría “ganado” la opinión de quienes estén a favor de mantener el sistema actual. ¡Cuidado! Si bien la opción que recibió apoyo mayoritario nominalmente estaría reflejando eso, si se escarba un poco más es fácil advertir que subyacente a esa alternativa “ganadora” está la propuesta de cambios que introducen distorsiones no menores al sistema vigente, las que poco a poco empezarán a erosionar los cimientos sobre los que se apoya el régimen de pensiones. Particularmente inconveniente sería el hecho de que la mitad de la nueva cotización que se propone de cargo de los empleadores (4%) vaya a un fondo solidario, en la lógica de un sistema de reparto. ¿Por qué habrían de ser los trabajadores cotizantes los que deban financiar un mejoramiento de las pensiones de quienes ya están retirados? Si se estima necesario dar un apoyo a este segmento de la población, lo lógico sería que ello se realice a través de las rentas generales de la nación, aplicándose así para su financiamiento la progresividad que es propia del sistema tributario.
Actuar bajo la lógica de un sistema de reparto no solo sería injusto, sino que además sería perjudicial para la generación de empleos, puesto que la cotización adicional que iría a un fondo común tendría las características de un impuesto al trabajo, agravándose aún más el problema de la densidad de cotizaciones que en buena parte explica las bajas pensiones que recibe un grupo de la población.
