Renovación del Tribunal Constitucional y opinión pública
Aunque lejos del foco de la opinión pública y los medios, el Tribunal Constitucional (TC) juega un rol decisivo en nuestro proceso político. Sus fallos han sido determinantes en temas sensibles como la píldora del día después o los planes de isapre.
En estos días, cuatro de los diez ministros que lo integran deben renovarse. El 6 de marzo el Senado confirmó la propuesta de la Cámara de Diputados, reeligiéndose en su cargo al ministro García Pino, y nombrándose a Juan José Romero. Pronto se sabrá la decisión del Ejecutivo, que debe llenar las vacantes dejadas por Aróstica y Viera Gallo.
¿Qué trayectoria y credenciales académicas y políticas tienen los ministros nombrados? ¿Quiénes son y qué méritos tienen los candidatos del Ejecutivo? Más allá de un reducido círculo de constitucionalistas, nadie sabe nadie pregunta.
La decisión sobre la integración del TC debería estar precedida de debate público sobre los estándares éticos, políticos y jurídicos a que deben someterse sus ministros. Así sucede en Estados Unidos, dónde la elección de cada justice es precedida de audiencias públicas, debate y cobertura mediática.
Asimismo en Colombia, cuya Corte Constitucional es probablemente la más importante del continente, los ministros son objeto de numerosos artículos de prensa y su elección seguida por la ciudadanía, la prensa e incluso ONG dedicadas al tema.
La opinión pública es una instancia de legitimación y control: quienes ejercen el poder dependen de la opinión de aquellos que se encuentran sujetos a éste. Es un valory requisito de funcionamiento del Estado democrático.
Si la constitución es el pacto fundamental que rige la vida de la comunidad política, cómo se la interprete y quién decide sobre ella es una cuestión central. Con una ciudadanía activa vigilante y atenta a sus instituciones, la renovación de casi la mitad de los integrantes del TC debería estar en el centro del debate.
No obstante, el proceso de renovación de una de nuestras instituciones más poderosas ha pasado prácticamente desapercibido.
El desconocimiento del rol y facultades del TC puede tener diversas explicaciones, sin embargo como ciudadanos y ciudadanas responsables, tenemos el deber de exigir información y ejercer control social sobre quiénes han de integrar esta importante magistratura.