A propósito de lo planteado por la Dra. Sofía Salas sobre tratamientos de reproducción asistida en mujeres de edad avanzada, creo que es importante destacar el desfase cada vez más creciente que se está dando en nuestro país respecto de la regulación de los avances biomédicos en general.
La brecha regulatoria en el caso de las técnicas de reproducción asistida ya no es posible enfrentarla mediante una autorregulación de los centros que prestan estos servicios. El crecimiento de la oferta y variedad de los mismos aumenta el espacio de inseguridad jurídica para los usuarios y los prestadores. Basta pensar en la mayor oferta de tratamientos con óvulos donados para tomar conciencia de la importancia de una regulación.
Cuando se llega a este punto la cuestión es cómo generar un debate social prelegislativo lo suficientemente serio y plural que permita generar las condiciones para diseñar modelos regulatorios adecuados para el país.
Lo mismo aplica para regular la trasferencia a la práctica médica de las investigaciones con células madres. Hoy en nuestro país, como en muchos otros, se ofrecen tratamientos no probados que no cuentan con ningún tipo de control que valide su seguridad y eficacia. Los prestadores de servicios de este tipo se ven favorecidos por el vacío regulatorio y la población queda indefensa frente a las ofertas engañosas. En cambio, los actores que hacen investigación científica seria para transferir tratamientos y productos con células madres, seguros y eficaces, quedan en desventaja.
Los actores a los que les conciernen estos temas tienen, en los próximos días, una inmejorable oportunidad para abrir el debate sobre esta brecha regulatoria en nuestro país. La International Society for Cellular Therapy (ISCT) optó por lanzar en Chile en su Congreso Latinoamericano (30-31 marzo) el Presidential Task Force sobre el uso de Terapias no Probadas, organizado por la Universidad del Desarrollo y la Universidad de los Andes en conjunto con la Universidad de Cambridge.