Reglas del juego
El respeto por el Estado de Derecho importa. Pasar a llevar la certeza jurídica, la predictibilidad de las reglas y la confianza que inversionistas nacionales y extranjeros depositan en la institucionalidad chilena, es grave. Hacerlo perjudica a todos los chilenos, aunque la infracción se intente justificar con una buena causa o se lleve a cabo con la mejor de las intenciones.
Esto que es lo que está pasando con la propuesta de subsidio eléctrico, versión 2.0. El subsidio eléctrico 1.0, convertido en ley hace tan solo unos meses atrás y hoy vigente, beneficia a más de 3 millones de personas (1,6 millones de hogares) que son parte del 40% más vulnerable de la población, y tiene un costo aproximado de US$ 120 millones anuales. La versión 2.0 busca triplicarlo, llegando a cerca de 10 millones de personas (4,7 millones de hogares), con un costo aproximado de US$ 300 millones anuales hasta 2027.
Se ha propuesto que el sustantivo incremento se financie, en parte, con un ajuste a las rentas que perciben los Pequeños Medios de Generación Distribuida («PMGD»-centrales de energía renovable de hasta 9 MW/H, conectadas a la red de distribución), los que verían limitados sus ingresos por el precio estabilizado al que acceden desde 2004. La tajada que el gobierno obtendría de los PMGD, que recibirían un menor precio, no la aprovecharán, en general, los clientes del sistema eléctrico, pues éste, en su conjunto, seguirá con precios altos.
En un año electoral, cambiar abruptamente las reglas del juego para ampliar el subsidio puede ser atractivo para los políticos, pero no lo es para los chilenos pues se daña la credibilidad de nuestro país para atraer inversiones (cuando más las necesitamos). Aun cuando aquellas se alteren en un intento por hacer más llevadera las alzas que provocaron una seguidilla de malas decisiones de política pública (adoptadas por los mismos políticos), una nueva mala decisión solo terminará por profundizar los errores cometidos. Si se sigue en esta senda, de legislar descuidando los incentivos y de atropellar las reglas, las cuentas seguirán al alza.
Es cierto que debe revisarse el esquema de precios estabilizados que cobran los PMGD, porque ya se consolidaron, de manera de ir barajando fórmulas para que bajen las cuentas de la luz, rebaja tan anunciada y prometida en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, y que no llegó. Pero eso se debe hacer con un plan serio, hacia adelante, y sin ahuyentar futuras inversiones, ni espantando a quienes han apostado por la seriedad de Chile, en beneficio de todos. El gobierno debiera estar ocupado de que la energía baje de precio, pues los altos costos están afectando nuestra competitividad, niveles de actividad y producción, y no de llevar a cabo expropiaciones regulatorias que generan ambientes poco amistosos con la inversión extranjera, poniendo en tela de juicio la trayectoria de Chile en la materia, y que, en definitiva, significarán alzas de costos (y precios).