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UDD en la Prensa

Regionalización

Eduardo Andrades

Una de las más persistentes y pesadas herencias del exitoso Estado de Derecho portaliano del siglo XIX fue la de una asfixiante centralización administrativa, en donde hasta la contratación de un barrendero para la estación de trenes de Linares tenía que ser resuelta por un Decreto Supremo del Presidente de la República en Santiago.

Durante gran parte del siglo XX el debate de los políticos nos acostumbró a escuchar declaraciones insistentes en la necesidad de descentralizar, pero claro, pasadas las elecciones, los políticos, todos santiaguinos, rápidamente olvidaban sus promesas.

Así, tuvo que llegar el último cuarto de siglo para que se abordara el problema. Recién en 1975, las autoridades impulsaron un ambicioso plan de descentralización administrativa de base territorial que se denominaría Regionalización. Se crearon 12 regiones más un área metropolitana para la capital, que, con el tiempo, se transformaría en la región 13.

Los impulsores de la reforma estimaron optimistas, que sería necesario un plazo de entre 5 a 10 años para que todo el país se adecuara a la regionalización.

Pero las cosas no resultaron ni tan veloces ni tan profundas como habían estimado los regionalistas desde Santiago. Los chilenos arrastramos casi dos siglos de centralismo en nuestra mentalidad y lo practicamos también al interior de las mismas regiones, en donde las capitales regionales concentran casi todo el poder de decisión y los mismos que se declaran regionalistas frente a Santiago ejercen un centralismo brutal respecto de las demás ciudades que componen las regiones.

De igual manera, en el pasado reciente hemos presenciado distintas formas, más inconscientes que planificadas, de recentralizar órganos y funciones que ya estaban regionalizados. Cierre de oficinas regionales de instituciones como el Banco Central, simple desconcentración para organismos que necesariamente deberían ser regionalizados, como el SII, hacen indispensable reimpulsar la regionalización existente, sin seguir agregando nuevas regiones que solo aumentan el gasto público, sin aportar nada sustantivo al proceso.

Por ello, de cara a una profunda reforma constitucional, que pueda redefinir muchas políticas públicas de largo plazo como de la que hablamos, es preciso insistir más que nunca en la necesidad de fortalecer el modelo de regionalización, sin pretender utopías federalistas o autonómicas, tan ajenas a nuestra mentalidad, como carísimas de llevar a cabo.

Una regionalización reimpulsada debe definir competencias que claramente deban estar radicadas en las mismas regiones. Igualmente debe precisar la financiación concreta de las políticas públicas, que no pueden quedar a merced de los gobiernos de turno. Una idea significativa sería impulsar modelos financieros parecidos a las leyes de rentas municipales, que ahora serían rentas regionales. Y, por cierto, contar con autoridades que representen los intereses regionales con atribuciones bien definidas y sin tener duplicidad de órganos como es lo que resultó de la última reforma para elegir gobernadores regionales.