Por obtener un rédito político de corto plazo, con la Ley Ricarte Soto se hipotecó de paso la investigación biomédica en Chile de una manera absolutamente innecesaria. Bastaba eliminar las normas sobre ensayos clínicos del proyecto y el Gobierno iba a obtener el mismo beneficio mediático ante la ciudadanía.
Hasta ahora resulta incomprensible la insistencia del subsecretario de Salud Pública y su equipo asesor de mantener normas que fueron criticadas por la comunidad científica por su deficiencia técnica y las implicaciones negativas que tendrían para el desarrollo de la investigación biomédica en el país. Las objeciones no iban en contra de legislar cuestiones tan importantes como el derecho al tratamiento después del ensayo y la responsabilidad por daños relacionados con la investigación, sino en contra de cómo se estaba haciendo.
El senador Girardi le preguntó al subsecretario, el lunes recién pasado en la Comisión de Salud, si las normas en investigación se ajustaban a los estándares de los países OCDE, porque no estar a ese nivel era dispararnos a los pies. Pues bien, el Gobierno forzó al Congreso, al dar suma urgencia a una materia que no estaba directamente relacionada con el proyecto, a dispararse a los pies afectando a todos los chilenos en relación con los beneficios de la investigación biomédica.
El Parlamento tardó 10 años en tener una ley de investigación biomédica que con todas sus imperfecciones, permitía seguir avanzando en una regulación con estándares de país desarrollado. En solo cuatro meses, el Gobierno, sin asesoría técnica adecuada, fracturó nuestro sistema regulatorio en biomedicina. Si no reconocemos que esto es una irresponsabilidad política de proporciones, es porque el populismo del Gobierno ha adormecido nuestras conciencias o bien porque estamos mareados de que nos columpien tanto.