Rechazo a la propuesta constitucional
La democracia, que es la mejor forma de organización política, a veces comete errores. Así, Chile eligió una Comisión Constituyente integrada mayoritariamente por ignorantes y extremistas, quienes escribieron una Propuesta Constitucional (PC) para el Gobierno actual, en vez de una carta fundamental que represente a la gran mayoría democrática del país. En lo formal, la PC es larguísima (incluyendo muchas materias que deberían ser objetos de ley), imprecisa e inconsistente. En lo sustancial, la PC destruye, por acción u omisión, las bases democráticas, de convivencia pacífica y del desarrollo de Chile.
Estado, gobierno y derechos
La PC establece: Un Estado plurinacional que discrimina entre ciudadanos de primera clase (el 12% perteneciente a pueblos originarios), con derechos políticos, judiciales, de propiedad y de autonomía privilegiados, y ciudadanos de segunda (el 88% restante), con menores derechos; la eliminación del estado unitario y su reemplazo por un federalismo encubierto; un presidencialismo debilitado; la eliminación del Senado; la eliminación del Poder Judicial y su reemplazo por débiles y politizados sistemas de justicia; la mantención de la fragmentación política, partidaria y electoral (reflejada en el actual Parlamento); un debilitamiento del Estado de derecho, eliminando el estado de emergencia; una ampliación demagógica de los derechos fundamentales a un número récord mundial, incluyendo nuevos derechos sociales sin precedentes en otras constituciones; además del establecimiento de derechos colectivos, de la naturaleza y de los animales; la preponderancia del Estado por sobre la sociedad civil, las personas y el sector privado, al omitir el principio de subsidiariedad; muchos otros preceptos equivocados.
Destrucción de las bases del desarrollo económico y social
La PC es extremadamente estatista, distorsionadora de mercados y represiva de la actividad privada, porque establece o promueve: un Estado creador y gestor de nuevas empresas públicas nacionales, regionales y comunales; un Estado controlador, regulador e inhibidor del desarrollo en todos los mercados y sectores económicos; prohibiciones o limitaciones severas de la provisión privada de educación, salud y previsión social; grandes limitaciones a la empresa e iniciativa privada por múltiples vías: restricciones al derecho de propiedad y a la libertad de emprendimiento; expropiación pagando un ‘justo precio’ (que tenderá a ser cero) y no un precio de mercado; confiscación de los derechos de agua pertenecientes a 300.000 agricultores chilenos; dominio estatal de las sustancias minerales, fósiles y de hidrocarburos; establecimiento de ‘bienes comunes naturales’, consentimiento de pueblos originarios para todo proyecto de inversión, con una Comisión Indígena que será juez y parte; consentimiento de pueblos originarios para todo aquello que afecte sus abultados derechos, con una Comisión Indígena de restitución de tierras que será juez y parte; severas limitaciones a la actividad económica privada por: negociación colectiva por rama de actividad y huelgas decididas por sindicatos monopólicos en cualquier momento; la no protección de la propiedad intelectual e industrial; la imposibilidad de resolver controversias mediante arbitraje legal; desequilibrios fiscales crecientes por: protección de nuevos derechos sociales establecidos sin contar con recursos fiscales; debilitamiento de la iniciativa exclusiva del Presidente en gastos, tributos y materias de seguridad social; atribución de regiones y territorios de recaudar impuestos y emitir deuda; creación de empresas públicas nacionales, regionales y comunales sin garantía de neutralidad competitiva con empresas privadas, con severos riesgos de desfinanciamiento y de captura por intereses partidistas; aumento desbordado de agencias y órganos estatales; nuevas responsabilidades otorgadas a agencias actuales; la erosión de la estabilidad monetaria y financiera al limitar la independencia del Banco Central(BC) a través de la remoción de consejeros bajo criterios políticos y fijando objetivos adicionales al BC –protección del empleo, cuidado del medio ambiente y del patrimonio natural– que politizarán al BC y debilitarán la efectividad de sus políticas; finalmente, una enorme incerteza jurídica e incertidumbre económica, que erosionarán toda posibilidad de desarrollo social y económico del país.
Conclusión
En 1980 los demócratas de Chile votamos Rechazo a la PC de Pinochet, por sus artículos antidemocráticos. A partir del día siguiente, los demócratas y el Congreso de Chile trabajarán por una buena Constitución de Chile, que reemplazará a la actual Constitución de Lagos.