Reactivar el Biobío: la urgencia se llama permisos
Partamos por la conclusión: si la Región del Biobío tuviera que elegir una sola batalla para el segundo semestre, esa batalla es la reducción de la permisología. No es la única reforma necesaria, pero sí la más urgente, porque es la única que puede liberar inversión ya decidida sin costarle un peso al Fisco.
Los datos duelen. El PIB regional cayó 5,2% en el primer trimestre, arrastrado por la pesca, la hidroelectricidad y el sector forestal. El desempeño regional ronda los dos dígitos y la economía chilena acumula cinco meses consecutivos de contracción, algo que solo habíamos visto en 1999 y 2009.
Pero hay una paradoja que debiera quitarnos el sueño: la plata existe. El catastro de la Corporación de Bienes de Capital elevó en 33% los montos de inversión previstos para 2026-2029, y el propio Banco Central proyecta que la inversión crecerá 5% en 2027. El capital está anotado en carpetas; lo que no ocurre es el paso del papel a la obra. Y el laberinto que se interpone entre ambos no deja de crecer: el plazo promedio de tramitación de permisos pasó de 192 días a comienzos del 2000 a 332 días en el último período, un alza de 73%.
Más silencioso aún: la regulación ambiental se quintuplicó en quince años, de unas 300 páginas en 2010 a cerca de 1.600 hoy, no mediante leyes debatidas en el Congreso, sino a través de 62 guías administrativas. Regulación de facto, sin votación ni evaluación de impacto. Un proyecto de gran escala puede además enfrentar más de 400 permisos y demorar una década: ninguna reactivación resiste esa aritmética. Y conviene subrayarlo: no se trata de relajar estándares ambientales ni de debilitar la participación ciudadana, sino de eliminar duplicidades, plazos muertos y discrecionalidad que no protegen a nadie y desalientan a todos.
Para el Biobío esto no es una discusión abstracta. Somos la segunda región industrial de Chile, y la economía a doble velocidad que describe la autoridad monetaria nos deja casi enteros en el carril lento. Si el nuevo ciclo de inversión va a estar traccionado por grandes proyectos energéticos y mineros, la pregunta regional es directa: ¿cuántos de esos proyectos se instalarán aquí, y cuánto demorarán los permisos en permitirlo? Cada año de tramitación perdido es empleo que no se crea en Talcahuano, en Coronel, en Arauco. La reconversión industrial que esta región necesita compite contra el reloj, y hoy el reloj corre en nuestra contra.
La reforma de permisos sectoriales ya aprobada va en la dirección correcta, pero su prueba de fuego no está en el Diario Oficial: está en la ventanilla. Reducir los plazos exige implementación con nombre, apellido y fecha, silencio administrativo que opere de verdad, y servicios públicos regionales dotados para resolver y no solo para observar. Hay también una tarea nuestra: que gremios, universidades y Gobierno Regional monitoreen públicamente los plazos de los proyectos que se mide, mejora.
No hay política social más poderosa que un empleo formal, y no habrá empleo formal sin inversión que se materialice. La región tiene el capital humano, los puertos, la energía y la tradición industrial. Lo que necesita es que le quiten el freno de mano. Ésa es la urgencia. Lo demás puede esperar un semestre; los permisos, no.