¿Qué es la Constitución Política?
La Constitución Política es la “ley máxima” de un país en la que se recogen los distintos valores y reglas fundamentales de la sociedad, sobre las cuales se fijarán los pilares sobre los que se construirá el Estado y las relaciones entre los miembros de la comunidad. En palabras sencillas, la Constitución Política es el reflejo del “pacto social” acordado por todos los ciudadanos de un país, que servirá de “piedra angular” para la convivencia en paz entre las personas, y para la estructuración del Estado.
Así, lo primero que encontraremos en una Constitución serán aquellos acuerdos mínimos sobre el funcionamiento de la sociedad en general, partiendo de la base de que el Estado se constituye para ayudar a las personas humanas a alcanzar su mayor realización posible, reconociendo que las decisiones primordiales se adoptarán a través de procesos democráticos y pacíficos, declarando que el país se estructurará sobre la lógica de una República o una Monarquía, o refiriéndose a la forma en que el Poder será distribuido y ejercido a lo largo del país. Estos acuerdos mínimos revisten la forma de principios y valores que ayudan a entender el fin de vivir en colectividad, siendo tradicionales para la cultura constitucional chilena el principio de dignidad humana, de servicialidad del Estado, de soberanía nacional, o, inclusive, el principio democrático propiamente tal.
Los valores y principios fundamentales sirven, también, para ejercer uno de los roles más importantes de una Constitución Política: limitar el Poder. De esta forma, es la propia Constitución la que le da vida y forma al “Estado” propiamente tal y, al mismo tiempo, le fija las fronteras que éste deberá respetar para al momento de actuar, configurando con ello el denominado “Estado de Derecho”, que tiene como base la existencia del principio de legalidad.
Pero, tal vez, el principal límite que la Constitución Política le impone al actuar del Estado son los derechos fundamentales de las personas. Los derechos fundamentales se suelen traducir en un conjunto de normas que dan vida a un catálogo que incluye distintas reglas dirigidas a asegurar aquellas libertades básicas de las personas (como la libertad ambulatoria, de expresión, o de consciencia, entre otras), garantías de participación política (derecho a voto o a ser candidato), e igualdades esenciales (derecho a un igual trato y la prohibición de la discriminación arbitraria). El catálogo de derechos fundamentales, en el último tiempo, también incluye derechos relacionados a aspectos económicos, sociales y culturales, en los que el Estado ya no sólo es un protector, sino también un promotor, velando por la concreción de su contenido en la realidad cotidiana de las personas de un país. Ejemplos de esto son el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, o el derecho a la educación, entre otros.
Finalmente, una Constitución Política define y constituye los principales órganos del Estado, en particular. De esta manera, la Constitución fija las bases estructurales del Poder Ejecutivo (el Presidente de la República, sus Ministros, y la Administración del Estado), del Poder Legislativo (el Congreso Nacional) y el Poder Judicial (la Corte Suprema y demás tribunales del país). También recoge la existencia de ciertos órganos de función especializada que requieren un grado de protección (autonomía) del Poder político, como son órganos de carácter electoral (como el Servicio Electoral y los Tribunales Electorales), de política monetaria (el Banco Central), o especializados en control (el Tribunal Constitucional, la Contraloría General, una Superintendencia, entre otros).
Como se ve, la Constitución Política contiene las decisiones más importantes para un país, referidas a la forma de organización y finalidad del Estado, como al reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Por ello, la Carta Fundamental se ubicará en la cima de la estructura jurídica de la sociedad, obligando a todas las leyes a respetarla, no pudiendo ninguna negarla o contradecirla. En otras palabras, los valores, principios y derechos que darán vida a nuestra sociedad reflejados en el texto constitucional deberán ser respetados y promovidos por los Poderes del Estado, quienes no podrán actuar válidamente si los desconocen o contradicen.