Independiente de nuestra opinión y sentimientos acerca del proyecto de Punta Alcalde, la incertidumbre de los modelos presentados acerca de sus emisiones y el escepticismo para comprender del por qué una fuente nueva en la zona hará bajar la contaminación, la resolución del Comité de Ministros es parte del funcionamiento de la institucionalidad que ha entrado en operación a la cual debemos acostumbrarnos.
A mi juicio, el desafío no se encuentra si esta instancia operó o no bajo criterios técnicos, políticos o políticos-técnicos, sino más bien a evitar que la evaluación de proyectos lleguen a tan alto organismo o incluso a la Corte Suprema, lajudicialización de lo ambiental.
La reflexión debe ser acerca del cómo evitamos «otro Huasco» comprendiendo las decisiones y acciones tomadas en el pasado que han llevado a tener hoy una zona con una carga ambiental que impide el acceso a una mejor calidad de vida de sus ciudadanos.
La segunda reflexión es estar dispuesto a comprender que dentro de la institucionalidad vigente habrá entes fiscalizadores capaces de sancionar y de, incluso, cerrar una operación si ésta no cumple con lo comprometido y que serán sometidas a prueba en caso que eso ocurra.
Tercero, asumir las responsabilidades políticas de si la decisión adoptada hoy fue un error y por último, aceptar de una vez que tanto a nivel privado como de gobierno, los temas socio-ambientales como de sustentabilidad han llegado para quedarse y que no pueden seguir siendo un eslogan de cara hacia el futuro en un contexto internacional.