PSU y año académico 2020
El sabotaje a la PSU organizado por la ACES y la Cones produjo un daño irreparable a la generación de estudiantes que pretenden postular a nuestro Sistema de Educación Superior el año 2020. Eso es un hecho. No existen soluciones perfectas que puedan subsanar totalmente el mal causado a estas decenas de miles de jóvenes —y sus familias— que se prepararon por meses y años para rendir la prueba. Lo que debemos hacer ahora es tratar de minimizar este daño. Esto es, que el número de estudiantes afectados sea el menor posible y evitar al máximo la distorsión que habrá, respecto de lo que hubiese ocurrido en una situación normal.
En ese entendido, pese a que inevitablemente habrá miles de jóvenes perjudicados, la decisión del CRUCh, de cancelar la prueba de Historia, resulta ser la menos mala de todas. Era necesario ponerse en todos los escenarios sabiendo que, lamentablemente, en cada uno de ellos se verían afectadas miles de personas. En esta línea, tomar nuevamente la prueba de Historia podría traer consecuencias aún más graves para el sistema en su conjunto, pues hacerlo requiere garantizar su correcta rendición en todo el país y ello resulta técnicamente imposible en corto tiempo, de acuerdo con lo que ha indicado el Demre. En el mejor de los casos, esto podría hacerse a comienzos de marzo, lo que implicaría suspender el proceso de admisión en curso hasta esa fecha, atrasando el inicio del año académico hasta la última semana de abril, al menos, dado que el cálculo de los puntajes y el proceso de postulación requieren de unas tres semanas cada uno y el de matrícula, diez días. Esto, suponiendo que el desarrollo del proceso no vuelva a sufrir ninguna alteración de aquí en adelante, lo que es difícil de anticipar. Así, el año académico de esta generación completa terminaría, en el mejor de los casos, en la segunda quincena de enero de 2021, sin considerar los retrasos que se podrían producir durante el año 2020, que ya se anticipa complejo. Ello perjudicaría a los cerca de 140 mil alumnos que van a ingresar a las universidades chilenas, aparte de afectar el financiamiento de todas las instituciones. Postergar el inicio del semestre sería, sin duda, el peor de los mundos para el sistema y el país.
Ahora bien, comprendiendo la justificada frustración de muchos estudiantes, es necesario garantizarles que sus posibilidades para ingresar a las carreras de sus preferencias no se verán afectadas, o que se tomarán todos los resguardos para que se afecten lo menos posible. Para conseguir esto, la decisión tomada por el CRUCh es mejorable, pues, imputar el mejor puntaje a la prueba de Historia modifica mucho los puntajes finales. El centro de estudios Acción Educar confirmó las sospechas que muchos teníamos al respecto y planteó esta semana en “El Mercurio” que hay alternativas que permitirían impactar en menor medida los resultados finales. Concretamente, proponen que el porcentaje que ponderaba la prueba de Historia se distribuya proporcionalmente entre los otros factores, afectando menos los puntajes que se hubiesen obtenido en condiciones normales. Otra opción, que tampoco es perfecta pero que distorsionaría menos que la del CRUCh, de acuerdo con Acción Educar, es que en lugar de la prueba de Historia se considere la prueba de Lenguaje. A pesar de que miden conocimientos distintos, esta alternativa es la que menor impacto tendría y la que mejor se correlaciona con el puntaje que habría obtenido el estudiante en la prueba no rendida. En números, usando como base los puntajes PSU 2018, la fórmula del CRUCh genera una variación agregada promedio de los puntajes ponderados de quienes no rindieron la prueba de Historia alrededor de un 70% mayor que si se considerara la prueba de Lenguaje. Además, son aproximadamente cuatro mil estudiantes menos los que verían modificados sus puntajes y en menor magnitud: 11,8 versus 7,7 puntos, en promedio, respecto del total de estudiantes que los verán alterados.
En cualquier caso existirán estudiantes afectados, para bien y para mal. Eso no tiene remedio, porque la PSU fue saboteada. Sin embargo, el objetivo de quienes toman las decisiones debe ser disminuir al mínimo esa distorsión. Frente a esto, lo razonable sería que el CRUCh reconsidere la decisión tomada en cuanto al mecanismo de ponderación y que arbitre las medidas necesarias, incluso si hay un nuevo sabotaje, para que el año académico se inicie a mediados de marzo.