Pros y contras de la nueva agenda de productividad
La Agenda de Productividad recientemente dada a conocer por el Ejecutivo se enmarca en una línea que mantiene lo esencial de lo que sucesivos gobiernos han planteado sobre la materia, lo cual es positivo, porque da cuenta de una relativa continuidad en lo general. No se advierte en este caso un enfoque rupturista ni refundacional. Las más de 40 medidas que están contenidas en esta nueva Agenda efectivamente abordan temas que desde hace largo tiempo vienen entrabando el desarrollo productivo del país.
Es cierto que faltaron otras, tal como lo manifestaron dirigentes gremiales que participaron en las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno para discutir estos temas. Pero ello no debería ser obstáculo para que, evaluadas en su propio mérito, puedan ser incorporadas oportunamente, sobre todo considerando que se trata de una carta de navegación de corto, mediano y corto plazo, la que por esencia no puede ser estática, sino que debe tener capacidad de adaptación para ir enfrentando los desafíos y urgencias que se van presentando en el tiempo.
Pero habiéndose dicho lo anterior, y considerando la imperiosa necesidad que existe de dar señales concretas que permitan que empiece a retornar la confianza de parte de los inversionistas, la Agenda adolece precisamente del problema opuesto: muchas medidas, que abarcan un amplio espectro, lo cual impide focalizar adecuadamente en lo que requiere una más urgente solución en el corto plazo, y que resulta fundamental como señal para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos.
Por lo tanto, sería recomendable que el Gobierno, en conjunto con los principales actores productivos, defina una lista más breve a la cual poder otorgarle un carácter de fast track para lograr su efectiva implementación en plazos predefinidos, única forma de darle a este conjunto de propuestas el sentido de urgencia que ameritan. No está de más recordar, a modo de ejemplo, que entre las medidas propuestas se incluye la liberación del cabotaje marítimo y la modernización del sistema notarial, ambas ya propuestas durante la primera administración del presidente Piñera, cuya tramitación legislativa continúa empantanada por falta de voluntad política para avanzar y/o por la influencia que ejercen grupos de presión con capacidad de frenar iniciativas de esta naturaleza.
En consecuencia, no hay nada nuevo en propuestas de este tipo, siendo el principal desafío el de lograr un efectivo compromiso de las distintas fuerzas políticas para destrabar estos proyectos. Si el Gobierno lo logra sería un gran paso adelante, pero los proyectos de este tipo avanzan a ritmos diferentes.
¿Qué habría que priorizar? Definitivamente, todo aquello que permita acelerar la aprobación de proyectos de inversión, tanto en términos de plazos como de certeza jurídica respecto de la validez que tenga lo que se vaya aprobando en las distintas instancias, y medidas específicas para mejorar la competencia en los distintos mercados -factor clave para impulsar la innovación, por la vía de facilitar que nuevos entrantes puedan “desafiar” a los incumbentes.
¿Y cuál es el gran ausente en esta nueva Agenda? Lo más ingrato: una reforma al aparato estatal que permita un mejor uso de los cuantiosos recursos que anualmente recibe para la ejecución de los distintos programas, cuyas falencias son conocidas. Ahí sí que hay mucho que avanzar en materia de productividad, ¿pero estará dispuesto el Gobierno a ponerle el cascabel al gato?
“Dada la necesidad de señales concretas para que retorne la confianza de los inversionistas, el problema de la Agenda son sus muchas medidas, que abarcan un amplio espectro, lo que impide focalizar adecuadamente en lo más urgente”.