El reciente rechazo legislativo al presupuesto de inversiones presentado por el Gobierno para la construcción de hospitales, demuestra la molestia transversal a la gestión realizada por el Ministerio de Salud, lo que además llevó a la renuncia de la subsecretaria de Redes Asistenciales. En dicha partida, se presentó un marco presupuestario de $83.434 millones para 2016, $68.387 millones para 2017 y $450.000 millones para 2018. Es decir, en vez de enfrentar el problema de gestión en inversión hospitalaria (que ha llevado a octubre de este año a una magra ejecución presupuestaria de 21,7%) las actuales autoridades han optado por dejarle el problema al próximo gobierno.
Considerando estos hechos, ¿hubiera sido posible cumplir con el plan original comprometido por la Nueva Mayoría que consideraba 20 nuevos hospitales terminados, 20 en construcción y 20 en etapa de licitación? Si las cosas se hubieran hecho bien, tal vez sí. Por ejemplo, en el gobierno anterior se construyeron e inauguraron 27 hospitales y 67 consultorios. Además, pudo entregarle al actual gobierno 16 hospitales en plena construcción, 11 adicionales listos para iniciar obras en 2014, y otros 27 hospitales y 61 consultorios en diversas etapas de avance (licitados, en diseño o estudio). Era cosa de seguir trabajando con eficiencia y en la misma línea, sin las improvisaciones que solo generaron dudas y atrasos. No era demasiado pedir.
El origen del problema hospitalario que hoy vivimos comenzó con la decisión ideológica —sin justificación técnica— que adoptó el actual gobierno de suspender la licitación de seis hospitales concesionados, los cuales habrían sumado 2.450 nuevas camas; estos serían públicos y 100% gratuitos para las personas, financiados a largo plazo. Se trata de los hospitales Sótero del Río, Quillota-Petorca, Marga-Marga, Chillán, Curicó y Linares, todos los cuales están ahora paralizados. Tal decisión no parece comprensible, si el objetivo hubiera sido mejorar la salud y dignidad de las personas, sobre todo cuando se trata de quienes no tienen otra alternativa que la que les ofrece el Estado. Pero la ideología pudo más.
A esto debemos agregar el desplome progresivo y objetivo de ciertos indicadores durante los últimos 20 meses, es decir, desde que asumió el actual gobierno: el crecimiento desde tres mil a 134.000 personas en lista de espera por más de un año para cirugías no AUGE; el aumento de la deuda hospitalaria de $66.000 millones a $246.000 millones; la casi duplicación de garantías GES incumplidas; la escasez de vacunas en hospitales públicos, etcétera. La evidencia es bastante clara y no tiene color político: para gobernar bien, y en un contexto de recursos limitados, se requiere buena gestión.
La crisis de gestión en la salud pública será un peso adicional en la mochila que heredará el próximo gobierno, a la que se suma el déficit proyectado en inversión pública y privada, la aplicación de una ley tributaria nociva y complejísima, y la incertidumbre y costos asociados a la gratuidad de la educación superior y a una discusión constitucional demasiado larga y con objetivos poco claros, solo por nombrar algunos. Este desorden afecta y seguirá afectando negativamente a nuestra economía, que está con un desempeño paupérrimo y con menor capacidad de crecimiento potencial.
Lamentablemente, el déficit de gestión que observamos en la salud pública es un ejemplo de lo que está sucediendo en otras áreas del gobierno. La ineficiencia del Estado impacta con fuerza el desarrollo y crecimiento futuro. Aquellos que criticaban el énfasis en gestión que imperó durante el gobierno anterior, hoy lo echan de menos. Los gobiernos que buscan mejorar la vida de las personas, deben partir por gestionar bien los recursos que son de todos los chilenos. Si no, como en salud, los que más sufren son los más vulnerables, no los que pueden atenderse en clínicas privadas.
Felipe Larraín Bacuñan – Clapes UC
Lucas Palacios Covarrubias – Universidad del Desarrollo