Privado o Estado reconstructor
A dos meses del megaincendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, el prometido plan de reconstrucción del gobierno todavía es un resumen ejecutivo, que demoró siete semanas en redactarse, lleno de retórica, buenas intenciones, pocas cifras ni detalles; confirmando la tónica de un gobierno que sigue aferrado al relato y mísero en la gestión.
Estos meses eran críticos para orientar a las familias respecto a cómo, dónde y con qué recursos reconstruir, comunicando los tiempos y complejidad de la tarea para reducir la incertidumbre. Con la proximidad del invierno y sin un plan, la gran mayoría se largó a reconstruir como y donde pudo, aumentando la vulnerabilidad y precariedad. Las autoridades hablan de un plan integral que tomará cinco años, y comprometen que las viviendas se reconstruirían en dos años. A esas alturas, ya será tarde para desarmar o tratar de orientar esa reconstrucción espontánea e informal.
Estas fallas del Estado contrastan con la eficiencia y capacidad de reacción de las empresas privadas de servicios públicos como la sanitaria Esval, que a solo cuatro días del incendio decidió eliminar el cobro de las cuentas de agua a todos los hogares damnificados por dos meses, y apenas se tuvo un catastro de afectados, extendió la gratuidad de manera voluntaria hasta fin de año.
Pero esta empresa privada, regulada y concesionada -con la que no tengo ningún vínculo profesional o personal- no solo se la jugó por la gratuidad, sino que por asegurar el acceso al agua potable lo antes posible para las familias damnificadas. Para ello, instalaron 139 llaves públicas para el consumo seguro y gratuito de agua. Y en las mismas siete semanas que el gobierno demoró en redactar su plan, toda la red y los arranques domiciliarios individuales a los que la empresa ha tenido acceso en la zona ya estaban operativos, y aquellos aún inaccesibles por los escombros cuentan con un canal de respuesta para reconectar sus llaves de paso.
Además, en zonas fuera de su área de concesión -donde no les corresponde operar y se encuentran gran parte de las tomas-, en coordinación con las autoridades, la sanitaria dispuso de 160 estanques con suministro permanente de agua para que las familias subsistan mientras se les busca una solución definitiva.
¿Por qué esta comparación entre la retórica estatal y la gestión privada? Primero, porque autoridades y parlamentarios oficialistas no dudaron en sugerir el absurdo que los privados e inmobiliarias se verían beneficiadas con los incendios. Peor aún, muchos de ellos propusieron en la fallida asamblea constituyente la nacionalización de todas las concesiones y empresas sanitarias, pese a que gracias a ellas Chile es uno de los países con mayor acceso a agua potable y tratamiento de aguas servidas al menor costo en Latinoamérica.
Es hora de reconocer y rescatar las virtudes de la alianza público privada, potenciarla y confiar; y en lugar de insistir en estatizarlo todo, generar incentivos para que aquellos servicios públicos que puedan ser provistos de manera más eficiente por los privados sigan llegando más rápido a quienes los necesitan que la retórica de un estado reconstructo.