El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tiene plazo hasta el 30 de septiembre para presentar ante el Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuestos 2017. Es una tarea difícil, sobre todo con condiciones económicas malas y una presión política muy alta por sectores de la Nueva Mayoría por soltar la billetera.
Valdés sabe que la capacidad que tenga para hacer primar una visión de largo plazo, responsable y económicamente sustentable, será su legado hacia el futuro. La sombra del actual déficit efectivo de 3,2% del PIB es motivo suficiente para ser especialmente cauteloso, más aún cuando ronda la amenaza de aumento del riesgo país. En definitiva, no se puede seguir gastando lo que no se tiene.
La disciplina fiscal ha dado a Chile la necesaria estabilidad financiera para la inversión y el desarrollo, además de la posibilidad de implementar políticas sociales sostenibles en el tiempo. Por el contrario, los efectos adversos de un crecimiento del gasto desmedido y fuera de las posibilidades reales de la economía proliferan en países que profundizan la pobreza y falta de competitividad. Y el costo de la irresponsabilidad o el populismo lo pagan siempre los más pobres.
El FMI ha reconocido la regla de Balance Estructural como la piedra angular del exitoso comportamiento fiscal de Chile. Dicha regla se incorpora cada año en la formulación de la Ley de Presupuestos, permitiendo el ahorro del Estado en períodos de «vacas gordas» para poder hacer frente a situaciones de crisis y emergencia, cualquiera sea la realidad económica mundial.
Por ejemplo, gracias a esta conducta fiscal «contracíclica», Chile pudo financiar con recursos propios un monto equivalente a US$ 9.000 millones el año 2009, minimizando así los impactos sociales que la crisis de financiamiento global pudo provocar en nuestro país.
Además de otorgar un colchón de estabilidad ante las crisis, los beneficios económicos de la norma del Balance Estructural son múltiples. Entre otros, contribuye a reducir la volatilidad macroeconómica, favoreciendo el ahorro público cuando hay superávit, lo cual mejora la posición financiera neta del país. Desde el punto de vista social, ayuda a acotar las presiones inflacionarias, las cuales encarecen la vida de los más pobres.
Otros beneficios de un balance fiscal equilibrado se asocian con la reducción de las percepciones de riesgo sobre la economía chilena, promoviendo el emprendimiento, empleo e inversión para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Dicho efecto en la actividad doméstica se amplifica al disminuir el nivel de la tasa de interés, que afecta por sobre todo el costo del financiamiento de las pymes y pequeños emprendedores. Finalmente, el equilibrio fiscal colabora con sostener un tipo de cambio real más competitivo y menos volátil, atenuando el impacto de ciclos de precios del cobre sobre la balanza comercial.
Todos estos elementos, unidos a una política monetaria autónoma y responsable, han permitido que Chile cuente con las herramientas necesarias para enfrentar de buena forma las crisis económicas, que tantos perjuicios sociales y pobreza han dejado en otros países.
La mantención de una política de responsabilidad fiscal es algo que no puede perderse: la ha construido Chile, con sabiduría y perseverancia. Es cierto que aún existe un sinnúmero de tareas sociales por delante, pero el camino al desarrollo es una carrera de largo aliento, sin atajos. Para seguir construyendo la historia, es necesario continuar por esta senda de responsabilidad social y estabilidad presente y futura. El legado del ministro Valdés dependerá de ello.