Política híbrida
Uno de los acontecimientos más relevantes de la semana ha ocurrido en Perú: el decreto del cierre del Congreso; la respuesta de este cesando en sus funciones al Presidente y nombrando a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta encargada”, que termina renunciando 24 horas después, a su nuevo cargo.
Por cierto, esto no tiene paralelo con lo que sucede en Ecuador, que responde a un ajuste que tiene como objetivo corregir un subsidio a los combustibles que le significa al Estado cerca del 5% del gasto público (1.400 millones de dólares). Medidas como estas podríamos debatir en Chile, donde el diferencial de impuestos favorece al diésel (una cuarta parte de lo que se aplica a las bencinas), que lo pagan los particulares y no los transportistas (a estos se les reintegra en 80%) y que significaría recursos adicionales, mayores a las reformas propuestas. Pero difícilmente oposición y Gobierno se podrían de acuerdo: la política electoral manda más que la política del país.
Volvamos al Perú. La primera razón de lo que está sucediendo la debiéramos encontrar en el diseño político: un sistema presidencial que contiene elementos de uno parlamentario, lo que termina produciendo una política híbrida.
Veamos dos ejemplos. La «cuestión de confianza» consiste en que el gobierno pide el expreso apoyo a una medida política. Si esta se pierde, por lo general se produce la dimisión constitucional del jefe de Gobierno y se llama a elecciones generales. En buenas cuentas, se asemeja a la moción de censura en los regímenes parlamentarios, solo que en dicho caso la inicia el Congreso y no el Presidente. Otra institución es el Consejo de Ministros, que reúne a todos los ministros. Aunque estos son nombrados por el Presidente de la República, el gabinete debe presentarse ante el Congreso, el cual debe otorgarle su “voto de confianza”. Constituye, también, una fórmula de corte parlamentario, con la diferencia de que, en el régimen parlamentario, el “Ejecutivo” es, a su vez, de la mayoría parlamentaria.
Los resultados han sido el bloqueo y el desesperado uso de facultades constitucionales de parte del Ejecutivo y del Congreso; es decir, ambos poderes activan sus prerrogativas y se reproduce otro enfrentamiento. Y para inflamar más la situación, Vizcarra pide el apoyo de las Fuerzas Armadas. El resultado no es otro que un mayor debilitamiento de la democracia.