Política criminal desde las tripas
Esta semana, dos hombres persiguieron en Santiago a un asaltante por un kilómetro y medio, luego lo golpearon hasta darle muerte ¿Legítima defensa? ¿Justicia? ¿Simplemente asesinato? Este no es un caso aislado, pero sirve para abordar el tema de las relaciones entre política criminal, evidencia científica y opinión pública.
¿En qué país vivimos? Veamos algunos antecedentes. Primero, Chile es el segundo país con más altas tasas de encarcelamiento de la Ocde, después de EEUU. En segundo lugar, Chile es el país conmenor tasa de homicidios en América después de Canadá, con tasas similares a las de países que han efectuado mejoras sustanciales en materia de seguridad.
Entonces, comparativamente, tenemos un país bastante seguro y los delitos que se comenten regularmente presentan baja lesividad. Paradójicamente, tenemos las mayores tasas de temor en esta materia. Por lo tanto, podemos pensar que muchas creencias y afirmaciones (¡En Chile todos los delincuentes andan libres, no como en otros países! o ¡la delincuencia ha llegado a niveles descontrolados) no tiene fundamento en los datos sino en las percepciones. Así cuando la prensa destina la mayor parte del tiempo a la noticia roja, se centra en uno que otro caso aislado en el cual un imputado «quedó libre», pero no en los miles que sí fueron encarcelados, entonces, evidentemente se produce una distorsión en la representación de la realidad: no hay justicia, no hay seguridad o los jueces dejan a todos libres.
¿Qué problemas trae esto? La política criminal está fuertemente influenciada por las opiniones sociales, ya que la sintonía con la población trae votos. Por ello, si la ciudadanía y la clase política piensan que la solución ante el delito consiste en aplicar penas más drásticas o encarcelar más, esto influirá en la legislación y en las políticas contra la delincuencia, llevando populismo penal o punitivo.
Sí, porque el populismo se manifiesta de muchas formas y una de ellas ocurre cuando priman soluciones simplistas, en sintonía con lo demandado, pero que no tienen ningún resultado, no son efectivas o pueden incluso agravar la situación.
Así, lo que tanto la evidencia científica como la experiencia internacional muestran, es que la solución simplista, consistente en “aplicar mano dura” es la menos útil, porque el crimen no se reduce, ya que estas intervenciones no atacan las causas, sino que actúan una vez que el delito ya se ha producido.
En este sentido, dinero gastado en cárceles, es dinero que prácticamente no genera retorno ni ventajas para el país. En contraste, el gasto en educación, prevención y reinserción tiene mejores resultados y el retorno que genera es mucho más alto, ya que no sólo permite reducir el crimen, sino que, además, trae una serie de beneficios adicionales para el país.
Entonces, si el objetivo de la política criminal consiste en tener una sociedad más segura, tenemos que decidir cómo actuar en vistas a esta meta. Y tenemos dos caminos: uno consiste en basarnos en la evidencia científica y en la experiencia internacional, usando la razón para decidir, mirando el objetivo que como sociedad nos hemos propuesto.
El segundo, consiste en decidir con las tripas y la emoción, pensando en soluciones populistas que permitan sentir que “nos desquitamos”, pero que no conducen a resultados y que sólo significan desperdicio de dineros públicos. De esta decisión dependerá el futuro de nuestra seguridad.
