Paz, justicia e instituciones sólidas
Si aún creemos en que el Estado está al servicio de la persona -y no al revés- resulta lógico que la Constitución imponga a aquel el deber de dar protección a la persona y a su familia.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que forman parte de la Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tienden a mejorar, progresivamente, la vida de todos sin dejar a nadie atrás. De allí que algunas de las ideas transversales a esos 17 objetivos son la superación de la pobreza, el fin de las exclusiones y la defensa del medio ambiente.
Dados los resultados de las últimas encuestas ciudadanas, y sin ánimo de hacer de ellas un parámetro sacramental, conviene volver la mirada sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 que lleva por título “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”. Podemos relacionarlo con la última Encuesta Panel Ciudadano de la UDD que muestra que una amplia mayoría de los encuestados cree que los incendios que han afectado a la zona sur del país serían provocados por grupos terroristas. Y son muy pocos los detenidos por estos hechos.
La paz no sólo es un valor inherente a la convivencia civilizada. Hoy está, además, garantizada como “derecho de los pueblos de América” en la Carta Democrática Interamericana, suscrita en la ciudad de Lima, en el año 2001.
Si la paz no sólo es un valor, esto es, un ideal de ser o de obrar, sino que un derecho, es necesario pensar en el deber correlativo que genera y que no es otro que la seguridad que debe brindarnos la sociedad mayor que hemos constituido, precisamente, para orientar la convivencia en forma civilizada. Por ello es que si aún creemos en que el Estado está al servicio de la persona -y no al revés- resulta lógico que la Constitución imponga a aquel el deber de dar protección a la persona y a su familia.
De allí que resulte necesario, y no sólo conveniente, que la nueva Carta Fundamental reproduzca este deber esencial del Estado obligándolo a garantizar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, como indica el artículo 2° de la Constitución de Colombia de 1991.
La paz no puede garantizarse sino en virtud de un orden que asegure el acceso a la justicia, por parte de todos, en caso de que sus derechos sean transgredidos. Además requiere que la justicia se imparta por tribunales independientes e imparciales que estén conscientes de que su principal misión es ser “guardianes de los derechos de las personas”, como bien ha indicado la Comisión de Venecia.
Y, aun podríamos agregar, que la paz se asegura con una ejemplar persecución y castigo a quienes afectan los derechos de los demás, lesionando esta base indispensable de la convivencia civilizada. Concretamente, debe existir una perfecta coordinación entre las policías y el Ministerio Público, independientemente de que se deduzcan querellas, pues los actos que afectan la paz, como los asesinatos, los incendios, los secuestros, la violencia urbana y, ciertamente, los actos terroristas, son de orden público, esto es, de interés de toda la sociedad y no sólo de las víctimas.
Luego, paz sin justicia es una ecuación vacía, tal y como lo perciben importantes sectores de la ciudadanía que cada día ven incrementada su propia sensación de inseguridad. Pero el binomio “paz-justicia” tampoco es suficiente si, como ya se ha insinuado carecemos de instituciones independientes, sólidas, ajenas a la corrupción, y profundamente comprometidas con su misión de servicio público.
De allí que parte de los debates constitucionales que se iniciarán próximamente deberán abordar las críticas que se han levantado respecto del sistema de nombramiento del Fiscal Nacional del Ministerio Público y, también, de los jueces, como las limitaciones que, progresivamente, se han ido imponiendo a las policías respecto del uso de las armas como las interrogantes que se han levantado respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas en materias de seguridad interna cuando las policías se ven superadas.
Es hora de que miremos lo que nos está sugiriendo la comunidad internacional de naciones, unida en la ONU, cuyos miembros tienen problemas similares o peores a los nuestros. Paz, justicia e instituciones sólidas son, entonces, objetivos que no pueden esperar y que requieren de un marco constitucional que, más allá de toda duda, permita enfrentar, con energía, el accionar delictivo y terrorista que no cree en la convivencia civilizada.