Patrimonio urgente
El derrumbe de una vivienda e incendio de otras tres en el casco histórico de Valparaíso ponen en evidencia la precariedad de recursos e instrumentos que tenemos para conservar y poner en valor nuestro escaso patrimonio edificado. Si bien las razones y soluciones para este deterioro son múltiples y superan las competencias del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, urge avanzar en la implementación de tan esperada institucionalidad y la legislación que le permita operar a la brevedad.
En este sentido, llama la atención la reciente campaña de algunos que se oponen a que se trabaje con urgencia en las indicaciones al proyecto de ley de Patrimonio Cultural presentado por el Ejecutivo a primer trámite constitucional en la comisión de Cultura de la Cámara.
Parte de las críticas surgieron del denominado “Frente por una Ley de Patrimonio” compuesto por 16 organizaciones vinculadas al tema, que en un comunicado acusan falta de participación, centralismo, excesivo involucramiento del Ejecutivo y un supuesto sesgo a favor a los grandes propietarios de patrimonio material respecto a aquellos pequeños, más modestos, el patrimonio cultural inmaterial, popular e indígena.
Más que cerrarse o evitar el debate, es importante aclarar que las diferencias están en los énfasis políticos más que en la ausencia de estos temas, ya que revisando el proyecto los tres ejes más relevantes que emergen son precisamente: (1) Descentralización; con Consejos Regionales y revisión de los integrantes del Consejo, actualizando su composición que en casos data de un decreto de 1925 previo a la ley de 1970. (2) Actualizar categorías de protección: pasando de una visión monumental a una que aborde el patrimonio de forma integral. Se incorpora por primera vez el patrimonio cultural inmaterial, los paisajes culturales, los sitios de memoria y los bienes muebles entre otros. Y (3), pasar de un paradigma legalista a uno que vea el patrimonio de forma integral. Armonizando la protección con los Instrumentos de Planificación Territorial (Planes Reguladores), generar planes de gestión, un Inventario Nacional de Patrimonio y destinar recursos. Para ello, el proyecto amplía las exenciones del pago de contribuciones a bienes con fines comerciales, se suman beneficios tributarios a bienes de la Ley de Monumentos y a los Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica de la Ley General de Urbanismo y Construcción; además, se amplía el Fondo del Patrimonio, iniciado para la reconstrucción del terremoto de 2010.
En cuanto a las críticas por falta de participación, en mi calidad de exdirector del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes , doy fe que desde sus inicios este proyecto contó con amplia discusión, más de 100 instancias formales de diálogo en el último año, exposiciones, asambleas en Santiago y regiones -previas a su entrada al Congreso-, donde participaron muchas de las agrupaciones que hoy lo consideran insuficiente. Respetando las aprehensiones de muchos, no cabe seguir dilatando la discusión del proyecto.