Paro del Transantiago
La reciente paralización del servicio de buses de los recorridos 400 de la empresa Express dejó de manifiesto lo sensible que es el transporte público. Las mejoras en los servicios higiénicos, de sueldos y jornadas de trabajo, entre otras exigencias de los conductores, son absolutamente atendibles, pero generaron serios trastornos para cerca de 750 mil santiaguinos que ese día soportaron largas horas de espera o eternas caminatas tratando de llegar a destino.
Esa paralización demostró lo vulnerable que está el sistema de transporte público, en gran medida dadas las falencias en renegociaciones de los contratos entre el Estado y los operadores del Transantiago. Gracias a ello, el Estado no posee herramientas en caso de que un operador vaya a quiebra o sus conductores dejen de trabajar, dado que los terminales no son propiedad del Estado, sino de privados vinculados a las operadoras.
Si a lo anterior se suman los sistemáticos incrementos del subsidio al Transantiago para garantizar su operación ante el déficit operacional del mismo, que en parte se debe al reprochable aumento en la tasa de evasión de sus propios usuarios, nos enfrentamos a que la consolidación del sistema se ve más lejana que cercana.
El transporte público es pieza central en el desarrollo urbano, integración social y bienestar ciudadano. Sin transporte garantizado, las ciudades se vuelven entornos menos sustentables para la vida ciudadana. Por eso es indispensable que el Estado se provea de las herramientas legales y contractuales que garanticen la operación diaria y sin excepciones de la totalidad del sistema. De lo contrario, cada día que pase el Transantiago se tornará más y más frágil, debilitando irremediablemente nuestra calidad de vida.