Paradoja constitucional
Cuando la controversia sobre la educación aún está fresca y lejos de terminar, la Presidenta Michelle Bachelet ha anunciado los pasos que seguirá el Gobierno en relación a otra gran promesa de campaña: una nueva Constitución para Chile.
Lejos quedaron los discursos centrados en el realismo. Nadie duda de la importancia que tiene la reflexión académica en esta materia, es más, constituye un ejercicio democrático altamente recomendable. Sin embargo, no parece conveniente avanzar hacia una nueva Constitución, sin que ese debate haya alcanzado la cota de madurez necesaria para lograr consensos mínimos.
De hecho, el dato más elemental de todos es la falta de acuerdo. Una gruesa paradoja, porque la Constitución es precisamente un gran pacto político.
Una tras otra, en continua dialéctica, se levantan actitudes conservadoras, reformistas y refundacionales, pero la verdad es que ni siquiera hay consenso sobre el procedimiento, puesto que la Presidenta solo ha indicado disyunciones abiertas e indefinidas entre Comisión Bicameral, Convención Constituyente, Asamblea Constituyente o Plebiscito. Del contenido, siendo lo más importante, nada está claro, y pueden augurarse choques irresolutos en las materias más esenciales, como la organización política, el concepto de Estado, las bases del modelo económico, etc.
De ahí el papel insustituible de las universidades como instancias de discusión caracterizada por el respeto, por la diversidad de pensamiento, en un marco de amistad cívica y patriotismo.
Por eso, en la UDD consideramos importante ser parte de este proceso. En el mes de julio realizamos un seminario internacional, organizado por el Centro de Justicia Constitucional, donde representantes de todas las posturas fijaron los contornos del problema ante un amplio público especializado. Adicionalmente, el «SmartLab UDD» ha creado «La Lupa de la Constitución», una innovadora plataforma digital que permitirá a la ciudadanía conocer, aprender y opinar acerca de los contenidos del debate en torno a este tema.
Finalmente, el Gobierno pretende destinar 2.800 millones de pesos para poner rápidamente a la ciudadanía en contacto con estos temas. En eso consiste el tan anunciado esfuerzo de «educación cívica», no obstante, hay dudas sobre la eficacia de dicha metodología.
Educar en serio sobre las instituciones requiere tiempo y reflexión. Existe, asimismo, un riesgo inminente de abordar tal educación de manera ideológica y sesgada con lo que se sofoca la libertad de pensamiento y la autenticidad misma del constituyente.
No parece conveniente avanzar hacia una nueva Constitución, sin que ese debate haya alcanzado la cota de madurez necesaria para lograr consensos mínimos.