Nueva Agenda Social Urbana
Manuel Castells, en su reciente visita a Chile señaló que el factor común de los estallidos sociales está en la ruptura del vínculo entre gobernantes y gobernados, así como una profunda crisis de confianza en las instituciones. Esta constatación impone un desafío mayor a aquellas instancias formales de deliberación que requieren adaptarse a la urgencia de los tiempos y demandas sociales.
Este ha sido el caso del CNDU; creado con el fin de desarrollar propuestas de políticas públicas y regulación de largo plazo para mejorar la calidad de vida. Asumiendo que las ciudades han acentuado los problemas de inequidad y segregación que en parte dieron pie al estallido, el CNDU se abocó a redactar una Agenda Social Urbana. En base a una convocatoria, el consejo escuchó a autoridades, académicos, organizaciones, dirigentes, así como diversos actores de la vivienda para discutir esta nueva agenda, que se estructuró en dos escenarios temporales: una Agenda para la Discusión 2020, que plantea un conjunto de medidas que requieren más discusión e información para su implementación; y una Agenda Urbana Corta, con medidas inmediatas para promover mayor equidad urbana e inclusión social.
En cuanto a la agenda a discutir durante este año el foco estará en fortalecer el compromiso ciudadano y gestión local. Mejorando las capacidades de los municipios para la provisión de servicios y promoviendo un ingreso municipal propio mínimo, incluyendo una creciente participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Para ejemplificar la inequidad presente en la gestión municipal, el año 2018, el ingreso propio per cápita de Pedro Aguirre Cerda fue de $93.513 mientras que el de Vitacura fue de $625.497. Dado que los municipios son los principales administradores y prestadores de bienes y servicios públicos, medidas como el ingreso municipal mínimo, sumados a mayor escrutinio, transparencia y responsabilidad administrativa podrían, en el mediano plazo nivelar la cancha y reducir las enormes brechas de equipamiento, servicios y bienes públicos.
