Más allá de la ley: el desafío de los cuidados
La reciente promulgación de la Ley N° 21.822, Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, constituye un avance relevante para Chile. La normativa reconoce derechos, fortalece la protección frente al abandono y el maltrato, e incorpora el cuidado como un elemento central de la política pública.
Sin embargo, la aprobación de una ley no resuelve por sí sola uno de los mayores desafíos que enfrenta el país: cómo responder a las crecientes necesidades de cuidado de una población que envejece aceleradamente.
Hoy, más de 800 personas mayores esperan un cupo en un Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM), mientras más de 500 han sido derivadas por tribunales debido a situaciones de abandono, vulneración de derechos o maltrato. Estas cifras reflejan una realidad que muchas veces permanece invisible: una red de cuidados que enfrenta una demanda cada vez mayor.
El desafío seguirá creciendo. Actualmente, más del 20% de la población chilena tiene 60 años o más, proporción que seguirá aumentando durante las próximas décadas. Por ello, la discusión no puede limitarse únicamente a incrementar los cupos en ELEAM. Si bien estos establecimientos cumplen un rol fundamental para personas con dependencia severa o sin redes de apoyo, también es necesario fortalecer alternativas que permitan mantener la autonomía y prevenir una institucionalización temprana.
Un ejemplo son los condominios de viviendas tuteladas, que ofrecen una solución habitacional para personas mayores autovalentes en situación de vulnerabilidad. Este modelo combina independencia, seguridad y acompañamiento comunitario, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y, al mismo tiempo, a reducir la presión sobre los ELEAM.
La nueva ley entrega un marco para avanzar, pero el verdadero desafío comienza ahora. En una sociedad que envejece rápidamente, será necesario ampliar y diversificar la oferta de cuidados mediante una colaboración efectiva entre el Estado, las organizaciones sociales y el sector privado. Porque el envejecimiento digno no depende solo de vivir más años, sino también de contar con los apoyos necesarios para vivirlos con autonomía, seguridad y calidad de vida.