«Los efectos se han visto de inmediato, pero no hay que equivocarse: la peor parte de la gratuidad está aún por venir»
- En entrevista con «El Mercurio», Valdés persevera en la decisión de la casa de estudios que dirige sobre no sumarse a la gratuidad. Más aún, llama al Gobierno a congelar el proceso en curso antes de que se convierta en una «hecatombe». Explica que los costos de no estar han sido menores que los que han experimentado las universidades que son parte.
Hace cuatro años la Universidad del Desarrollo, que dirige Federico Valdés, optó por no entrar a la gratuidad. Su consejo directivo y el de decanos llegaron rápidamente a la convicción de que «no podíamos arriesgar el futuro financiero de la Universidad, ni mucho menos su autonomía, solo para darles en el gusto a los talibanes que querían refundar un sistema universitario que funcionaba bien», recuerda el rector, sentado en su oficina en la moderna casa central.
En medio de los reclamos de los rectores que sí firmaron -«sabiendo que iban a tener dificultades económicas»-, Valdés alza la voz para advertir que lo peor no ha llegado, que el déficit financiero que se insinúa porque muchos alumnos con gratuidad no podrán terminar a tiempo sus estudios, puede multiplicarse varias veces si el próximo decil -«mucho más numeroso»- se suma al sistema. Ese avance es, «por ley», hoy inevitable, recalca varias veces.
Consciente de las dificultades legislativas que enfrentaría «congelar» la gratuidad, Valdés pone el tema sobre la mesa, también las correcciones que requiere el nuevo crédito propuesto por el Gobierno y el desafío que tiene la nueva institucionalidad del sistema de terminar con la discriminación que acusa entre estatales y privadas
-¿Cree que acertaron quedándose fuera de la gratuidad?
-Al impedir que las familias aporten a la educación de sus hijos, las universidades iban a disponer de menos recursos y su quehacer se vería empobrecido. Los efectos se han visto de inmediato, pero no hay que equivocarse: la peor parte está aún por venir. El problema será mucho más grave aún si se amplía la gratuidad al séptimo decil, donde hay muchísimos alumnos. Apelo a la sensatez del legislador para que congele el avance, antes de que sea una hecatombe.
-Pero el Gobierno dice que solo avanzará si hay mejores condiciones económicas, rectores progratuidad tampoco son partidarios de sumar otros deciles.
-Esto no es voluntad ni del gobierno ni mucho menos de los rectores, la regla fijada en la ley establece que la gratuidad sigue avanzando a partir de un determinado crecimiento del PGB.
-¿Y usted cree que tendría viabilidad en el Congreso?
-Improbable, pero hay que poner este tema sobre la mesa; se producirá una hecatombe cuando lleguemos al séptimo decil con un déficit de miles de millones y consecuencias gravísimas para las universidades que entraron a la gratuidad y para el sistema.
-Pero ahora les llegó «un salvavidas» en la ley de presupuesto, ¿no es mejor estar en la gratuidad si, finalmente, el Estado saldrá en su auxilio?
-Claramente no, lo estamos viendo. Uno no se puede lanzar a una piscina sin agua, suponiendo que alguien la va a llenar. El Gobierno actual parece estar resuelto a dedicar los recursos a la educación escolar y preescolar, y corresponde si queremos reducir las brechas de desigualdad. No hay que olvidar nunca que los universitarios son privilegiados, si se los compara con los más necesitados. Por lo demás, no está claro qué destino tenga esa indicación en el presupuesto, hay una presentación de 72 diputados al Tribunal Constitucional, me da la impresión que está muy fundamentada.
-En cualquier caso sería un «parche», ¿qué solución tiene el déficit por la extensión de carreras de alumnos con gratuidad?
-Solución total no hay, una solución parcial puede ser levantar las limitaciones de cobro a los deciles 7, 8 y 9, pero es insuficiente para enfrentar los menores ingresos por la prolongación de las carreras que afecta a aproximadamente la mitad de los estudiantes en todo el sistema universitario. Una solución posible sería que tuvieran acceso al sistema de crédito estatal y que las universidades pudiesen cobrarles el arancel completo, una vez terminado el período cubierto por la gratuidad. Esos alumnos tienen una probabilidad muy alta de recibirse y son muy buenos sujetos de crédito, además de que tendrían una deuda pequeña.
-El Gobierno propuso un nuevo sistema de crédito, a la mayoría del CRUCh no le gusta, ¿qué opina usted?
-El nuevo crédito SIFS, en su diseño actual, requiere ciertas correcciones. Podría eliminarse la fijación de precios en los deciles 1 al 6 a las universidades fuera del sistema, de manera de que se comparta la responsabilidad del financiamiento entre las familias y el Estado. Puede otorgarse el crédito hasta por el arancel regulado, pero permitiendo el copago. Así, las universidades dispuestas a ajustar sus aranceles al monto del arancel regulado, pueden hacerlo, como ocurre en muchos casos actualmente, pero no estarían obligadas. Como universidad, tenemos 956 alumnos con beca «copago cero» que pueden cursar todos sus estudios sin realizar ningún desembolso y solo deben pagar su CAE al Estado a dos años de egresar.
«Deben eliminarse las garantías exigidas a las instituciones sobre la brecha de cobertura como estrategia de control de precios, porque las universidades están obligadas a aceptar y esos créditos serán muy difíciles de cobrar. Es una bomba de tiempo».
«La discriminación»
-No estar en el sistema también habrá tenido sus costos, ¿menos fondos para investigar?, ¿buenos alumnos de sectores vulnerables que hoy pueden estudiar gratis en otras universidades?
-Los costos han sido muy bajos comparados con los que están asumiendo quienes entraron al sistema. Perdimos algunos alumnos de los seis primeros deciles que se vieron forzados a optar por universidades en las que pueden estudiar gratis, aunque no sean de su preferencia. Es un efecto perverso de la gratuidad que vulnera la libertad de los alumnos de menores recursos.
«Nuestros investigadores son muy activos y exitosos participando en concursos para obtener fondos, lamentablemente, sigue existiendo un sesgo muy fuerte e injustificado en favor de las instituciones del CRUCh, que tienen acceso a muchos más fondos que las que estamos fuera».
-Respecto a ese «sesgo», ¿cree que cambiará el escenario ahora que universidades privadas se sentarán en el CRUCh?, ¿ustedes van a entrar?
-No lo sé, vamos a evaluarlo durante el 2019, queremos ver cómo funciona con las privadas que están entrando ahora.
-Pero la nueva ley instala también un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, ¿no les da más garantías?
-Para que exista un sector privado vigoroso, que pueda realizar un gran aporte al país, es necesario evitar que la Comisión Nacional de Acreditación establezca un modelo de universidad ideal. La implementación de los cambios al Sistema de Aseguramiento debe evitar la estandarización de las instituciones, forzando un modelo ideal único de «universidad compleja de investigación» o frenar el desarrollo del sector privado, por ejemplo, limitando los proyectos eminentemente docentes, con modelos de gestión diferentes, que desafían lo establecido en las universidades tradicionales o simplemente con menos años de existencia.
«Los retrasos en la implementación de la nueva CNA, entendiendo que esta debe seguir operando y que la eliminación de las agencias fue una mala idea, han generado incertidumbre a las instituciones. Se requieren reglas claras y más detalle de cómo se aplicarán los nuevos criterios y estándares hasta alcanzar el régimen permanente. Hasta el momento, al menos las universidades privadas con mejor acreditación no han sido invitadas a participar en la elaboración de estos lineamientos».
-¿La nueva Superintendencia de Educación Superior tampoco nivelará la cancha al fiscalizar a todos, privados y estatales?
-Las facultades de la Superintendencia son demasiado amplias y podrían vulnerar fácilmente la autonomía de las instituciones. Dadas las históricas discriminaciones en nuestro sistema, debe evitarse a toda costa que se trate de manera diferente a las instituciones privadas y al CRUCh. Una de las funciones de la Superintendencia es de «conocer los estados financieros» de las instituciones de educación superior. Esta información estandarizada permitiría anticipar y eventualmente intervenir para evitar situaciones como las que algunas universidades están viviendo hoy.
«La Superintendencia debería establecer reglas o planes de cuentas comunes para la presentación de los estados financieros para contar con antecedentes comparables. Por ejemplo, un plan de cuentas razonable clasificará separadamente los ingresos del pregrado y posgrado de aquellos originados por otros servicios como las atenciones de salud, por ejemplo, establecerá reglas del momento en que se reconocerán los ingresos -al devengarse o al recibir el pago-, mostrará la morosidad en los ingresos de las instituciones y eventuales morosidades o demoras en los pagos a sus proveedores, contendrá información de eventuales déficits de caja o del uso de recursos para obras de expansión y mejora, etcétera».