La verdadera emergencia educacional
“…si existiera la posibilidad de recursos adicionales para educación, el criterio debiera ser inequívoco: todo peso extra debe ir a educación parvularia y escolar, no a seguir expandiendo el gasto del Estado en educación superior…”.
Cada cierto tiempo vuelve la discusión sobre cómo aumentar los recursos para la educación superior. Es una conversación legítima. Pero si Chile quiere usar bien sus recursos escasos, la prioridad debiera ser exactamente la contraria: no destinar un peso adicional de presupuesto público a la educación superior mientras no resolvamos la crisis de la educación parvularia y escolar.
Es necesario mirar dónde está nuestro problema más grave.
La cifra más reciente del Ministerio de Educación es estremecedora: 170 mil niños, adolescentes y jóvenes de entre 5 y 24 años están hoy fuera del sistema escolar sin haber completado la enseñanza media. Y esa es una estimación conservadora, porque hay aproximaciones que sugieren que la magnitud real podría ser mayor. Lo esencial, en todo caso, no cambia: Chile tiene hoy una situación de exclusión escolar que no estamos enfrentando con la urgencia debida.
Ese es nuestro verdadero drama educacional. No está en las universidades. Está en los niños que no están aprendiendo lo suficiente en la escuela, en los que se van quedando atrás desde temprano y, sobre todo, en los que sencillamente ya dejaron de ir al colegio.
La evidencia del propio Ministerio de Educación muestra, además, que este no es un problema marginal ni transitorio. La desvinculación escolar tiene un carácter acumulativo: mientras mayor es la edad, mayor es la prevalencia de exclusión. Estamos hablando, por tanto, de una fractura estructural, no de una dificultad pasajera.
Y si uno mira el presupuesto, observamos una paradoja que exige tomar acción. Entre 2021 y 2026, en términos reales, el presupuesto fiscal para la educación parvularia cayó 16,3%, el de educación escolar aumentó apenas 4,9% y el de educación superior creció 29,1%. Es difícil encontrar un caso más elocuente de prioridades mal ordenadas. Como país, hemos decidido poner más recursos en la etapa final del trayecto educativo que en aquella donde se juega buena parte del futuro de las personas.
Esto es un error por, al menos, tres razones.
La primera es educativa. Chile sigue mostrando resultados escolares insatisfactorios en pruebas nacionales e internacionales. El Simce y la prueba PISA llevan años diciéndonos que tenemos brechas profundas de aprendizaje y de equidad, especialmente en los estudiantes más vulnerables. Si los aprendizajes básicos no se consolidan a tiempo, todo lo que viene después se construye sobre bases débiles.
La segunda razón es social. Sabemos hace décadas que la inversión con mayor retorno está en la primera infancia. La educación en la primera infancia no es un lujo ni un complemento: es el punto de partida de trayectorias más sólidas de aprendizaje, socialización, lenguaje, autonomía y desarrollo socioemocional. Cuando un niño llega mal preparado a primero básico, su futuro ya está condicionado negativamente. Y cuando eso ocurre masivamente, Chile entero queda rezagado
La tercera razón es que hoy la exclusión escolar ya no es solo un problema educacional: es también un problema de seguridad. El crimen organizado necesita reclutar, y no recluta en las aulas universitarias. Recluta en barrios vulnerables, en contextos de alta deserción escolar, entre niños y jóvenes que perdieron su vínculo con la escuela, con sus rutinas, y con sus expectativas de futuro. En América Latina hay evidencia creciente de esa relación, y en Chile ya empezamos a verla con crudeza. Dejar a decenas de miles de niños y jóvenes fuera del sistema escolar es, también, dejar abierta la puerta al reclutamiento por parte de bandas criminales.
Por eso, si existiera la posibilidad de recursos adicionales para educación, el criterio debiera ser inequívoco: todo peso extra debe ir a educación parvularia y escolar, no a seguir expandiendo el gasto del Estado en educación superior. La prioridad nacional tiene que ser recuperar a esos 170 mil niños y jóvenes, revincular a quienes desertaron, intervenir tempranamente a quienes están en riesgo de abandonar, reforzar la asistencia y los aprendizajes, apoyar a las escuelas más vulnerables y volver a poner la educación inicial en el centro de la estrategia.
Dicho de otro modo: Chile no puede seguir financiando con prioridad la última estación del sistema mientras abandona su base. No corresponde seguir ampliando recursos públicos para educación superior cuando todavía tenemos un problema masivo de niños que no están en el colegio, de aprendizajes escolares rezagados y de primera infancia insuficientemente protegida.
La gran misión educacional de Chile hoy no está en la universidad. Está antes. Mucho antes. Está en la sala cuna, en el jardín infantil, en la escuela y en la capacidad del Estado de impedir que un niño salga del sistema y quede a merced de la exclusión, la pobreza o el crimen organizado.
Ahí debiera estar nuestra prioridad. Y también nuestro presupuesto.