A principios del año 2010, el aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) ya estaba superado y sin proyecto de crecimiento futuro. Había que reaccionar rápido, para lo cual se comenzó con los trabajos para aumentar su capacidad (de 9 a 16 millones de pasajeros) y se inició un proceso paralelo para una futura licitación del aeropuerto, el cual elevaría la capacidad del mismo a 30 millones de pasajeros, con altos estándares de servicio.
Durante cuatro años se trabajó con dedicación en un proyecto que le cambiaría la cara al aeropuerto. Se requería una licitación competitiva e internacional, con participantes experimentados en administrar los más grandes y complejos aeropuertos. La razón es evidente: Chile necesita un aeropuerto de clase mundial, con un operador que tenga un manejo integral de la gestión de la terminal, poniendo el servicio al pasajero y la seguridad como objetivos fundamentales.
El proceso de preparación para la licitación de AMB incluyó el trabajo coordinado entre el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aeronáutica Civil, así como con diversos ministerios, tales como Hacienda, Desarrollo Social y Transportes. Este trabajo conjunto permitió incorporar los elementos técnicos que pudieran aportar diversas visiones y perspectivas. Se requería un proyecto eficiente, moderno y con herramientas que permitieran reaccionar a tiempo frente a incrementos en la demanda futura, para evitar llegar a la situación de colapso que hoy vive la terminal.
Es así como las bases de licitación incluyeron lo mejor de las prácticas de los aeropuertos a nivel global: un modelo de negocios con financiamiento a 20 años y flexibilidad en las cláusulas para gatillar nuevas inversiones de ser necesarias. De esta manera, la empresa estará obligada a hacer estudios de tráfico en forma periódica y a mantener la inversión, evitando que cualquier crecimiento de la terminal deba estar sujeta a complejas negociaciones entre el Estado y el operador.
Al término del gobierno del Presidente Piñera, el estado del proyecto presentaba un proceso de precalificación concluido, con 11 consorcios interesados concitando la participación de operadores de primer nivel internacional. Las bases de licitación estaban ingresadas a Contraloría, a la espera de su toma de razón, para continuar con el proceso de acuerdo a lo planificado. Sin embargo, el gobierno actual, recién asumido, tomó la decisión de retirar las bases de Contraloría, reingresándolas hace sólo unos días.
A más de dos meses de gobierno, el proceso para licitar el aeropuerto de Santiago ha tomado un ritmo preocupantemente lento. Si no reacciona a tiempo, la actual concesión tendrá que extenderse a costos altísimos para el Estado, pues se correrá el riesgo de no alcanzar a empalmar el término de la concesión actual con el inicio de la próxima, debiendo firmarse un convenio complementario con el actual operador.
Cuando de infraestructura se trata, la mirada de largo plazo es clave para poder concretar las obras necesarias para que Chile avance. Esperemos que el nuevo aeropuerto de Santiago sea un caso exitoso de continuidad entre gobiernos.