La otra agenda
En las últimas semanas pude visitar las regiones de Antofagasta, Aysén, la Araucanía, y constatar en terreno la belleza, fragmentación y vulnerabilidad de nuestro territorio; lo que evidencia que más allá de las legítimas demandas sociales surgidas luego del 18-O, no podemos postergar aquellos otros temas urgentes que requieren nuestra acción, como la crisis climática.
El modelo de desarrollo que ha forjado a nuestro territorio por más de un siglo se ha basado en industrias extractivas, representadas por la explotación y procesamiento del cobre, masificación de monocultivos para la industria maderera y celulosa, piscicultura en fiordos patagónicos y pesca industrial en el norte, agricultura en extensión y laderas de casi todos los valles interiores, y ahora la extracción de litio. Actividades altamente intensivas en recursos naturales y bajo valor agregado, que producen beneficios e impactos ambientales y sociales a escala regional e incluso planetaria que no hemos internalizado.
Pese a la revisión de este modelo y los desafíos que abre la transformación tecnológica, en las últimas décadas se ha globalizado el reconocimiento de los efectos del cambio climático, la necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la puesta en valor de la conservación y resguardo de territorios de alto valor ecológico. Sea por filantropía o compromisos internacionales, actores públicos y privados han iniciado una serie de acciones sin precedentes para garantizar la protección, conservación y desarrollo sustentable de nuestras áreas naturales.
En la última década en Chile se han creado más de 300 áreas protegidas privadas en más de 1,5 millones de hectáreas, equivalente al 2,2% del área total del país. Luego de la reciente promulgación de la Ley de Derecho Real de Conservación, y después de la trágica muerte del filántropo Douglas Tompkins, se cumplió su deseo póstumo de donar al Estado chileno alrededor de 339 mil hectáreas del parque Pumalín.
Estas iniciativas, junto a numerosos proyectos de conservación privados y públicos, integran hoy la red del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que administra Conaf y conforman una nueva área protegida de 4,5 millones de hectáreas en la Patagonia, equivalente a toda la superficie de Dinamarca, a la que se agrega la reciente expansión de las áreas marinas protegidas de Juan Fernández, Cabo de Hornos e Isla de Pascua.
En resumen, Chile ha establecido más de 146 millones de hectáreas de conservación de mar y tierra, lo que constituye un aumento del 5% al 38% de su tierra y mar protegidos en menos de seis años. Dejando un legado irreversible de conservación para el país y el mundo, que debemos visibilizar y seguir expandiendo con la misma urgencia que antes. Pese a la fallida COP25 y tantos temas postergados luego del 18-O, debemos también garantizar el derecho de las próximas generaciones a satisfacer sus necesidades más allá de la necesaria agenda social.
