La Conadi, un eslabón silencioso
Cuando se produce un cambio de gobierno, la atención suele enfocarse en los ministerios de mayor visibilidad: Interior, Hacienda y Seguridad. Esto es comprensible, pues dada la coyuntura del país, representan carteras que la Opinión pública evaluará con mayor atención. En este contexto, una institución como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), queda fuera de los márgenes del escrutinio público. No ocupa portadas en los diarios ni afecta al termómetro político. Pero es justamente eso, su aparente invisibilidad, que la vuelve peligrosa para cualquier gobierno que no le preste atención suficiente.
La Conadi no es simplemente una institución que tramita subsidios o certifica calidades indígenas. Es una institución que interactúa en uno de los conflictos más complejos y problemáticos de nuestra historia reciente. A través de ella se administran fondos tan relevantes como el de Tierras y Aguas, que gestiona los procesos de compra y restitución de tierras bajo el artículo 20 de la Ley Indígena; también se coordina parte del proceso administrativo entorno a la Ley Lafkenche y sirve como puente institucional -frágil, pero real entre el Estado y comunidades indígenas. Tiene un órgano de representación política, el Consejo Nacional Indígena, y un sinfín de otras funciones relevantes.
En resumen, quien lidera la Conadi, y con qué orientación lo hace, envía señales que las comunidades indígenas leen con mucha más atención de la que el debate nacional sugiere. Nuestra historia reciente debería ser suficiente advertencia. Por ejemplo, Alfredo Moreno, político con seniority y credenciales indiscutibles, asumió en el segundo gobierno de Sebastián Piñera el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con voluntad real de abordar la cuestión indígena. Y aun considerando su amplia capacidad de gestión, la muerte de Camilo Catrillanca en noviembre de 2018, hizo imposible que siguiera en su cargo. No porque Moreno hubiese cometido errores garrafales o por falta de compromiso personal con el tema, sino porque el problema y los potenciales conflictos exceden con creces a cualquier figura individual.
El conflicto en la macrozona puede llegar a ser imprevisible y las decisiones o cambios institucionales, aun los menores, pueden escalar con una velocidad que sorprende, incluso para quienes más la conocen.
El gobierno entrante llega con una agenda en que la cuestión indígena ocupa un lugar secundario frente a prioridades como seguridad, migración y ajuste fiscal. Es legítimo y entendible que así sea, pues fueron las preocupaciones que articularon su victoria. Pero eso mismo genera un potencial riesgo para su administración, el tomar decisiones sobre Conadi con menos prudencia de la que se requiere. Como si fuesen piezas menores de un tablero administrativo más amplio. Congelar la compra de tierras abruptamente, canalizar todo el proceso por la vía del artículo 20a sin contemplar las demandas de restitución del 20b, reformar radicalmente la Ley Lafkenche sin el proceso de consulta que exige el Convenio 169, o simplemente descuidar el nombramiento del director nacional y elegir una figura sin conocimiento en la materia. Por otra parte, existe otra variable a considerar. La presencia en el Congreso de parlamentarios cuya retórica sobre el mundo indígena no solo es simplista, sino activamente incendiaria.
Cualquiera de esas decisiones, adoptada sin el cuidado necesario, puede encender una mecha que el Ejecutivo no alcance a ver hasta que ya esté prendida.
