La agonía del CAE
La Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de Educación Superior, con la promesa de la Presidenta Bachelet de eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE), tras el chantaje de los diputados del Partido Comunista y la insistencia de algunos rectores.
Una vez más, el Gobierno cede frente a los avances de la extrema izquierda, que desde hace mucho tiempo quiere poner una lápida sobre un sistema de financiamiento que ha permitido a cientos de miles de jóvenes de sectores más vulnerables acceder libremente a la educación superior.
Una decisión lamentable que, motivada por caprichos ideológicos, inunda nuevamente el sistema de incertidumbre, ya que mientras se anuncia la muerte del CAE, se da a conocer la creación de un crédito que será administrado por una agencia estatal, lo que abre una serie de dudas que preocupan a las instituciones y futuros alumnos. Más confusión, en un año electoral en el que la ciudadanía necesita cordura y consensos básicos.
¿Cuál es la razón para reemplazar un sistema que ha funcionado de manera eficiente y ordenada durante más de una década? La respuesta es solo una: la obsesión de arrasar con todo el sistema de educación superior, con especial énfasis en las instituciones privadas, a las cuales este proyecto asfixia y discrimina arbitrariamente.
Hasta la creación del CAE en 2005, tenían derecho a un crédito estudiantil -el Fondo Solidario de Crédito Universitario- sólo los estudiantes de las 25 universidades tradicionales del Consejo de Rectores. Las demás, con el 58% de los estudiantes de educación superior en ese entonces, no tenían acceso aunque tuvieran problemas socio económicos, por el sólo hecho de cursar sus estudios en una institución privada.
El CAE permitió que millones de jóvenes con méritos académicos y con necesidad de apoyo económico, pudieran ver cumplido el sueño de ser profesional. Es cierto que en su versión original, impulsada por el Presidente Lagos, el interés de 6% era relativamente alto. Sin embargo, la mejor situación económica producto del crecimiento del país, permitió al Presidente Piñera bajar este interés a un nivel de 2%, que nadie podría calificar de alto.
Además, con la opción de pagar la deuda en un plazo largo y de acuerdo a los ingresos futuros. Desde su puesta en marcha, en 2006, han financiado sus estudios con el Crédito, de manera parcial o total, del orden de 621 mil estudiantes.
Los beneficios han sido muchos y las críticas con poco fundamento. La más frecuente es la deuda acumulada, ya que un 37% de los que deberían pagar están morosos. Sin embargo, no hay que olvidar que, según el Consejo de Rectores, los deudores del Fondo Solidario -de las universidades del Cruch- al 2016 debían más de 5530 mil millones, lo que ha significado un enorme perjuicio financiero del que nadie se ha hecho cargo.
Otro golpe bajo a los sectores más vulnerables y a la clase media emergente, que tras haber logrado con mucho esfuerzo salir de la pobreza, no califica para gratuidad y ahora ve en riesgo la oportunidad de educar a sus hijos a través de un sistema de financiamiento que ha demostrado ser transparente y beneficioso para el sistema de educación superior.