Hace algunos días, el Gobierno anunció un plan de infraestructura, desarrollo e inclusión, con inversiones por US$ 18.000 millones en obras públicas y US$ 9.900 en concesiones. Si bien hay buenas noticias respecto de la voluntad de dar continuidad a obras claves para importantes sectores sociales, la cartera trae noticias preocupantes en varios aspectos.
En primer lugar, se optó por dar continuidad a iniciativas desarrolladas y proyectadas en la administración anterior. La visión de largo plazo primó en algunas obras concesionadas y un 20% de los proyectos mencionados corresponde a obras licitadas entre 2010 y 2014 (entre ellas el embalse Punilla y el aeropuerto Arturo Merino Benítez) mientras que sobre un 50% se refiere a proyectos en estudio e incorporados a la cartera de inversiones heredada por la actual administración (porcentaje en términos de montos de inversión). Asimismo, los proyectos de obras públicas no concesionadas agrupan lo desarrollado en los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico 2012-2021.
Sin embargo, no se tuvo la misma mirada de largo plazo para seis hospitales concesionados, descartados por el gobierno, aun cuando fueron proyectados para entregar salud de calidad a millones de chilenos que seguirán esperando. Tanto a nivel técnico como económico y social, es un error excluir a priori las asociaciones público-privadas para la construcción y mantención de hospitales. La ideología en la historia ha sido mala consejera, pues además de nublar el análisis e inducir muchas veces a malas decisiones, más caras y lentas en este caso manda señales de exclusión en una tarea de envergadura, frente a la cual no sobran los esfuerzos de nadie.
Otro aspecto preocupante es la carencia de cronogramas. Los compromisos que asumen los gobiernos deben tener fechas e hitos concretos, ya que dicha transparencia permite que los gobiernos democráticos se sometan al escrutinio de la ciudadanía y que los anuncios tengan el sustento para transformarse en realidad.
Esperamos que el gobierno revierta la tendencia que ha mostrado hasta ahora de omitir plazos y metas en los compromisos que está asumiendo frente al país.
También es importante que se mantenga el método de evaluación social -aplicado en la administración pasada- para definir qué proyectos requieren ser modificados o reemplazados; la cartera anunciada contiene algunos proyectos que requieren modificaciones para cumplir con los objetivos de rentabilidad social.
Finalmente, es imperativo que todas las licitaciones, para proyectos públicos o concesionados, sean lo más competitivas y eficientes posible, con muchas empresas interesadas en participar. Poco ayuda a ese cometido la decisión de descartar proyectos para la construcción de hospitales concesionados, adjudicados y firmados por el Presidente de la República, sin argumentos técnicos y en medio de información cruzada y contradictoria respecto de los costos entre el Ministerio de Salud y el de Obras Públicas. Esa experiencia ha desprestigiado a Chile como destino de inversión y las empresas en el futuro exigirán retornos mayores para compensar los riesgos de eventuales cambios en las reglas del juego.