Indulgencia propia
«Yo no soy un cura para andar repartiendo ni condenas ni indulgencias», afirmó Jaime Bassa al abordar la violencia del estallido. Y tiene razón: es diputado. Precisamente por eso; porque la condena a la violencia no es función sacerdotal, sino responsabilidad democrática, su deber es rechazarla sin matices.
Al cumplirse casi siete años del estallido, sería deseable que las autoridades supieran distinguir con claridad las causas de un malestar social, el derecho ciudadano a expresarlo, y los límites democráticos en los que necesita darse esa expresión. Si algo parece haber entendido la gente, más y mejor que algunos dirigentes, es que el orden público no ahoga la libertad de expresión, sino que la hace posible. Sin respeto institucional, la protesta no es más una voz que se impone por la fuerza. El diputado, en este sentido, necesita comprender que las víctimas de la destrucción y la violencia octubrista no son menos pueblo que quienes invocan malestar para relativizarla.
Bassa también asegura que el estallido sigue vivo en cada hogar. Pero atribuir a quienes sufren privaciones una adhesión necesaria a la épica octubrista, o a cualquier otro discurso político para el caso, es arrogarse paternalistamente una representación que no se ha ganado. En el caso del diputado, la contradicción es más grave, porque él, recordemos, no ha sido un observador cualquiera. Abogado y destacado profesor de Derecho Constitucional, fue vicepresidente de la Convención Constitucional.
El profesor tuvo un sitial privilegiado en el primer proceso. Contaba con titularidad democrática, conocimientos y autoridad excepcionales que le permitían orientar a su sector. Transmitir, como los hechos han demostrado, que una Constitución no es la consagración de una victoria ideológica, sino un marco que hace posible la convivencia entre quienes discrepan en el orden plural. Su formación, en ese contexto, no era un adorno, sino una enorme responsabilidad, que lo obligaba a distinguir entre la intensidad de una demanda y la legitimidad de los medios para llevarla adelante.
El rechazo de ambas propuestas constitucionales no invalida, desde luego, las necesidades sociales que muchos chilenos expresaron entonces y conservan hoy. Incluso, es posible afirmar que el caos, la incertidumbre, e el impacto económico de los procesos fallidos las profundizaron. Lo que esos rechazos sí desautorizaron, aunque algunos como el diputado se nieguen a admitir, lo fueron las respuestas refundacionales plebiscitadas.
Ahora bien, pedir que una persona responda por todos los errores de un proceso constitucional es absurdo y excesivo. Pero Jaime Bassa sí está en condiciones de responder por su propia contribución a la oportunidad desperdiciada. Sin renunciar a sus convicciones ni inhabilitar su opinión, sí es legítimo exigirle algo elemental: examinar qué hizo con la responsabilidad que la ciudadanía depositó en él. Si, como sostiene, las condiciones de vida de los chilenos siguen iguales o peores que en octubre de 2019, la pregunta inevitable (para él y otros), no es solo por qué persiste el malestar, sino qué consiguieron quienes condujeron la respuesta constitucional. Repetir el diagnóstico de hace siete años no demuestra que el camino escogido fuera correcto, sino que obliga a evaluar su fracaso. Por el contrario, quien reivindica las demandas, pero esquiva el balance de sus propias decisiones, está convirtiendo el sufrimiento ajeno en coartada.
El diputado dice que no reparte indulgencias. Para sí mismo, sin embargo, parece tenerlas disponibles.