Implicancias de una reforma del sistema tributario
La Reforma Tributaria reemplaza a contar del 1 de enero de 2017, el actual régimen de tributación establecido en la Ley de la Renta incorporando dos regímenes generales de tributación para determinar el Impuesto de Primera Categoría que afecta a las rentas obtenidas por las empresas y el impuesto final que deben pagar sobre dichas rentas los propietarios, comuneros, socios o accionistas de estas (Impuesto Global Complementario o Impuesto Adicional), a los cuales deberán optar los contribuyentes, y cuyas tasas de impuesto dependen de uno u otro.
El primero de ellos, denominado Régimen de Renta Atribuida, tiene como principal característica que las empresas deberán atribuir a sus propietarios todas las rentas que determinen al final del ejercicio comercial, hasta llegar a un contribuyente final, con crédito equivalente al 100% del impuesto de Primera Categoría pagado por la empresa en relación a dichas rentas.
Así, los contribuyentes finales deberán pagar todos sus impuestos al término de cada ejercicio, retiren o no las utilidades generadas.
El segundo régimen se denomina Parcialmente Integrado; donde, al igual que en el sistema de tributación actualmente vigente, se gravarán con Impuesto Global Complementario o Adicional únicamente los retiros efectivos que efectúen los contribuyentes finales. Sin embargo, sólo otorgará un crédito contra dichos impuestos, ascendente al 65% del Impuesto de Primera Categoría pagado por la empresa.
Han surgido voces que piden cambios a la Reforma Tributaria, recabando que el problema más evidente es la cohabitación de los dos regímenes. Para estos efectos, el SII ha publicado en forma anticipada una serie de circulares que permitirían implementar las modificaciones. Sin embargo, la realidad es que tenemos un sistema más complejo de lo esperado, ya que resulta muy difícil hacer convivir los dos regímenes tributarios establecidos en la Reforma. Resulta indispensable buscar formas de simplificarlo.
El Gobierno ya plantea la idea de incorporar reformas a la ley, dejando el régimen parcialmente integrado con carácter general, mientras que el atribuido quedaría acotado sólo a las pymes y a las empresas cuyos dueños sean personas naturales.