Gratuidad y su impacto en las funciones académicas universitarias
Si bien la gratuidad busca democratizar el acceso a la educación superior y éste es un propósito de bien común, su diseño ha puesto en riesgo la sostenibilidad de las universidades, afectando no solo a las instituciones, sino también a sus estudiantes y personal académico. Esta misma política de financiamiento ha puesto en alto riesgo a Universidades Privadas Independientes (UPI) como la U. Alberto Hurtado, que recientemente despidió a 55 colaboradores debido a su delicada situación financiera.
Es importante recordar que las UPI no reciben aportes basales del Estado y dependen casi exclusivamente de los aranceles que pagan los estudiantes y sus familias. En este contexto, un modelo financiero sostenible es esencial para que estas mantengan y mejoren la calidad de sus funciones académicas. Un modelo eficiente se basa en la eficiencia operativa, racionalización de procesos y diversificación de ingresos, entre otros.
Primero, la eficiencia operativa asegura que los recursos se utilicen de la mejor manera posible. Segundo, la racionalización de procesos contribuye a reducir costos. Tercero, la diversificación de ingresos permite que las UPI no dependan exclusivamente de los aranceles estudiantiles. Esto se puede obtener mediante la atracción de donaciones y la oferta de programas de formación continua, permitiendo que sus excedentes se destinen a mejorar la oferta académica e invertir en recursos académicos, bibliotecas, laboratorios y tecnología de punta.
Por todo lo anterior, un modelo financiero sostenible contribuye directamente al prestigio de las UPI. Universidades con altos estándares académicos y recursos adecuados son más atractivas para estudiantes y académicos de alto nivel, lo que a su vez mejora los resultados educativos y de investigación. Asimismo, se incrementa su reconocimiento público a través de la acreditación y su estatus en rankings nacionales e internacionales.
Sin embargo, la implementación de la gratuidad universitaria ha presentado un desafío significativo para este modelo. Al reducirse los ingresos por los aranceles de referencia, las UPI se ven obligadas a depender más de otras fuentes de financiamiento, las cuales pueden no ser suficientes para mantener el nivel de calidad de sus funciones académicas.
Así, estas se ven comprometidas cuando no hay suficientes fondos para mantener los programas existentes o para innovar en nuevas áreas. Esto afecta la formación de los estudiantes, disminuye la producción de investigaciones y, en consecuencia, deteriora el prestigio de la universidad. En un entorno donde la reputación es vital para atraer a los mejores estudiantes y académicos, cualquier caída en la calidad percibida puede tener efectos negativos a mediano y largo plazo.
En este escenario, es bastante probable que universidades de excelencia enfrenten complejos procesos de acreditación para renovar el reconocimiento de la CNA.
Finalmente, la política de gratuidad debe perfeccionarse para no desestabilizar a las universidades que han demostrado frente a la CNA cumplir con los altos estándares establecidos. De lo contrario, se seguirá afectando negativamente la calidad de sus funciones académicas y, con ello, sepultando el sueño de muchos estudiantes.
