Gratuidad en el mundo
A muy pocos días de terminar el proceso de admisión 2016 siguen las interrogantes respecto de miles de jóvenes cuyas esperanzas estaban puestas en la gratuidad y que hoy por diversas razones han quedado fuera de ella.
Al ver este tipo de casos y cuando la «leche ya está derramada», seguimos preguntándonos ¿cuál es la contribución de la gratuidad a la calidad del sistema? ¿cuál es su ventaja respecto a los sistemas de becas y créditos? Si bien las respuestas y los análisis vendrán con los años, la experiencia internacional nos aporta algunos antecedentes, que vale la pena revisar.
Un estudio de Acción Educar señala que solo el 11% de los 34 países que conforman la OCDE han adherido a la gratuidad universal, por lo que se puede afirmar que en éste, como en otros temas, Europa viene «de vuelta».
Así, por ejemplo, Inglaterra cambió su sistema gratuito por uno privado en el que se establecía un tope de ingreso por institución, pero que con el tiempo se ha flexibilizado con miras a abrirse del todo. En la misma línea, Australia pasó del financiamiento gratuito a uno privado y hoy el debate es respecto a si es necesario flexibilizar el cobro de aranceles y eliminar las barreras que habían fijado.
En los otros países de la OCDE, doce tienen sistemas gratuitos solo en las universidades estatales, y en las privadas, el Estado aporta con subsidios a los alumnos que no pueden pagar los aranceles. El resto -EEUU, Japón, Italia, España, entre otros- tiene un sistema de cobro de aranceles en todas las universidades, aunque también existen las becas y créditos estatales. Es decir, Chile va precisamente en la dirección opuesta.
En nuestro país, los efectos han sido advertidos y anunciados por todos los expertos y sectores políticos: la mayor injerencia del Estado en los proyectos académicos contribuirá a una falta de diversidad y la falta de discusión respecto a la calidad producirá un letargo en la modernización en los procesos educativos.
Adicionalmente, las universidades adheridas a la gratuidad enfrentarán un déficit presupuestario, al no cobrar a los alumnos la diferencia entre el arancel de referencia y el arancel real. A cambio de esto, el Estado les entrega un arancel regulado que corresponde al de referencia más el 20%, lo que afectará principalmente a las universidades privadas fuera del CRUCH, pues, las estatales reciben aportes directos que compensan ese déficit.
Es decir, las universidades tendrán que «apretarse el cinturón», lo que puede traducirse en recortes de programas o reajustes de costos, que pueden postergar o eliminar inversiones, reducir investigación o bajar las remuneraciones, todos efectos que tarde o temprano repercutirán en la calidad de la educación que reciben los alumnos.