Gestión de catástrofes
Por segunda vez en el año, la naturaleza golpeó con fuerza al norte de Chile, cuando aún no se recuperaba de los aluviones de marzo. Estos hechos ponen nuevamente a prueba el liderazgo de las autoridades para enfrentar emergencias y responder adecuadamente no sólo a las múltiples necesidades materiales que surgen tras un desastre natural, sino también a los desafíos que impone un nuevo proceso de reconstrucción, que no ha tenido balances positivos en episodios similares, como por ejemplo el terremoto en Arica e Iquique, incendio de Valparaíso y otros más antiguos como Chaitén y Tocopilla. Tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, se llegó rápidamente a un diagnóstico desgarrador: las instituciones -municipios, gobiernos regionales y organismos especializados- no eran capaces de responder en forma eficiente, y era imposible asegurar que en el futuro ellas tendrían un mejor desempeño.
La primera medida del Gobierno de la época fue aumentar considerablemente el presupuesto de la Onemi, que pasó de $7 mil a $16 mil millones, con el objetivo de contratar personal especializado y adecuar infraestructura. Adicionalmente, desde el punto de vista institucional, el 2010 se inició un proceso de adecuación del marco normativo, lo que se tradujo en el envío de un proyecto de ley que creaba una nueva institucionalidad para la protección civil y reducción de riesgos de desastres, además de establecer claramente los roles de cada organismo, fortaleciendo especialmente a la Onemi. Lamentablemente, la tramitación de esa iniciativa en el Senado estuvo parada mucho tiempo tras haber sido aprobada en la Cámara de Diputados con amplia mayoría. Otro proyecto presentado en 2014 se encuentra hoy en la Comisión de Defensa.
Es así como, siendo Chile un país azotado por los fenómenos naturales, sigue presentando una excesiva vulnerabilidad frente a protocolos de comunicación que fallan, descoordinaciones que entorpecen la entrega de ayuda y autoridades regionales y alcaldes que no están dotados ni de recursos ni atribuciones para abordar eficazmente una emergencia.
Es de esperar que nunca más se repita la experiencia de Tocopilla, que hoy tras casi 8 años sigue resintiendo el abandono del gobierno central. El llamado es a considerar la prevención y la gestión de catástrofes como un tema de Estado, que no puede ser objeto de avances y retrocesos producto de cálculos políticos.
Sin embargo, el llamado es ir más allá de la emergencia, a tener una mirada de largo plazo, que conciba ciudades que no sólo sean sustentables sino resilientes, capaces de soportar catástrofes naturales y dar seguridad a las personas, pero además enfrentar desafíos sociales y económicos en un mundo cada vez más urbanizado.
Siendo Chile un país azotado por fenómenos naturales, presenta excesiva vulnerabilidad en protocolos de comunicación que fallan, y descoordinaciones que entorpecen la ayuda.