Funas a la libertad de expresión
La libertad de expresión comprende el derecho de emitir opinión e informar sin censura previa y a través de cualquier medio de comunicación. Es un derecho fundamental y elemento sustancial en un Estado de Derecho, pues permite garantizar el pluralismo político, propio de toda sociedad democrática.
Pero, como todo derecho fundamental, la libertad de expresión no es absoluta. En efecto, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la propia Constitución Política de la República, reconocen límites a su ejercicio, los que se manifiestan en el establecimiento de responsabilidades ulteriores fundadas en el respeto a los derechos o reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas.
Sin embargo, se olvidan de estos límites aquellos que, invocando el derecho a la libertad de expresión, denuncian en redes sociales una serie de hechos de diversa índole, por medio de la publicación de fotografías o videos que luego invitan a compartir, viralizándose la imagen en cosa de segundos. Este malentendido ejercicio de la libertad de expresión, conocido vulgarmente como “funa”, importa una suerte de autotutela que colisiona normalmente con derechos tales como la honra, la vida privada, el debido proceso, la presunción de inocencia, la integridad psíquica del afectado, entre otros.
En el último tiempo hemos sido testigos de cómo, con cierto grado de habitualidad, se han ido desarrollando otro tipo de funas, caracterizadas por el uso de la fuerza o amenaza en contra de sus víctimas. Así, intendentes, jueces, alcaldes, y diputados de la República han sido públicamente funados en teatros, plazas, centros comerciales, aviones y restaurantes, por el solo hecho de manifestar o defender una decisión o postura política diversa a la de aquellos sectores minoritarios y radicalizados que, arrogándose la representación de la voluntad popular y erigiéndola como una verdad absoluta no admiten ni respetan las opiniones de los demás. Estos hechos constituyen una vulneración flagrante a la libertad de expresión que menoscaba las bases esenciales para una libre y legitima confrontación de ideas, necesaria en toda sociedad democrática.
De esta forma, los mismos que abrazan la defensa de los derechos humanos como bandera de lucha, parecieran olvidar el tenor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe incitar a la violencia u otros actos similares, en contra de cualquier persona o grupo, estableciendo expresamente que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones.
La esencia de la democracia está en el diálogo político pacífico y tolerante, donde la defensa de las ideas, programas y propuestas se hace en base a argumentos y no con amenazas o por la fuerza.
De cara a un plebiscito que definirá la suerte del proceso constituyente en nuestro país, resulta necesario recuperar y fortalecer el diálogo democrático, respetuoso de la diversidad de opiniones, tornándose imperioso que, desde todos los sectores políticos, sin exclusiones, se condenen estas prácticas y se defienda el derecho de toda persona a expresar legítimamente sus opciones y opiniones políticas, libremente y sin temor.