El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), organismo técnico y autónomo cuyo directorio incluye personalidades de diversa tendencia política tales como los ex presidentes Piñera, Frei y Lagos, planteó al Gobierno la idea de crear un Fondo de Infraestructura para el desarrollo de proyectos con mirada de largo plazo. El Gobierno acogió la propuesta, con la idea de transformarla en proyecto de ley en un año, lo cual es una muy buena noticia y plantea grandes desafíos.
Solamente en obras concesionadas (carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera), el Estado cuenta con inversiones avaluadas en más de US$ 25.000 millones. El valor económico de las mismas, es decir, la capacidad que tienen esos activos de generar ingresos futuros, asciende a casi US$ 37.000 millones. La propuesta es que el fondo agrupe económicamente estos valores, con el fin de utilizarlos para favorecer el desarrollo de nuevos proyectos concesionados.
El primer desafío es definir en detalle los alcances del fondo. Por ejemplo, ¿se utilizará como respaldo para la emisión de bonos que financien proyectos de infraestructura? ¿0 bien se utilizará como una garantía estatal para disminuir los costos de la deuda para el desarrollo de nuevos proyectos? Es bueno recordar que el Estado coloca bonos para financiar la caja que le exige el gasto público, incluidos el gasto social, la operación del sector público y la inversión. La colocación de bonos de infraestructura, finalmente, terminaría liberando espacio presupuestario para mayor gasto.
En ese contexto es quizás razonable pensar que el Fondo de Infraestructura busque avalar una garantía fiscal que disminuya el costo del financiamiento, el cual además se registra como un «pasivo contingente» en la contabilidad fiscal asociado a proyectos específicos y sin requerir espacio presupuestario adicional.
Ahí gana la infraestructura y no implicaría mayor gasto, sino ahorro fiscal por transferencia de tasas de endeudamiento fiscales a proyectos concesionados.
Otro tema a trabajar es que utilizar económicamente el patrimonio del Estado para generar nuevas obras que sean necesarias y rentables parece razonable toda vez que el objetivo sea justamente generar más patrimonio, no para financiar gastos operacionales. Para ello, y en el caso de una concesión, se podría diferenciar financieramente la construcción de la operación, de tal forma que el fondo solo garantice el financiamiento de la construcción (que al final es su propio patrimonio), dejando el financiamiento de la operación y mantención de cargo de la concesionaria a su propio riesgo.
En cualquiera de los casos mencionados será prioritario definir con claridad la institucionalidad del fondo y su administración, de tal manera que cumpla con el objetivo de desarrollar más y mejor infraestructura para Chile, en plazos que superan los períodos políticos. Finalmente, el Fondo de Infraestructura puede ser una buena idea, pero solo en la medida en que seamos capaces de generar proyectos buenos y rentables. Aquí también tenemos una tarea pendiente, ya que a veces nos sobra el financiamiento, pero nos faltan las obras.