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UDD en la Prensa

Fojas cero

 Paula Daza
Paula Daza Directora Ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, Facultad de Gobierno

Entre el jueves y viernes pasado se realizaron las primeras sesiones de la comisión mixta de la ley corta de Isapres. La sensación (y el temor) que tenemos quienes hemos seguido por un año y medio todo este proceso, es que estamos lejos de que salga humo blanco. Y cuando me refiero a humo blanco, no es la aprobación de la ley corta tal como está, sino una ley que, sin dejar de cumplir con el fallo de la Corte Suprema, no quiebre el sistema de salud.

El viernes se conoció una nueva cifra de la deuda, si es que se toma de forma literal el fallo: US$ 1.589 millones, la cual bajaría a MUS$ 1.250 si se incluye la mutualización de la cotización obligatoria del 7%. Esta cifra tiene varias aristas que son desesperanzadoras. Por un lado, la tardanza de la resolución de este problema aumentó considerablemente la deuda en un año. Por otro lado, al actualizar esta cifra, la Superintendencia ocupó la misma forma de trabajo que cuando presentó la primera cifra meses atrás: con desprolijidad, improvisación y sin sustento, pero ahora es peor. Antes no existían propuestas de expertos sobre cómo sacar una cifra que mantenga el sistema de salud asegurador. Ahora, que sí las tenían, tampoco las utilizaron.

El escenario es tan complejo que las proyecciones de la Superintendencia arrojan que dos Isapres, en junio, es decir en 30 días, colapsarían al hacer cumplir el fallo. No hablemos de dos aseguradoras, hablemos del casi 1 millón 100 mil beneficiarios que quedarían sin cobertura.

El mismo viernes en que el superintendente de Salud, Víctor Torres, daba a conocer esta noticia, el Ejecutivo llegaba sin ninguna indicación para poder evitar estas caídas. De modo anecdótico, solo lo informaba. Y eso pasa cuando las posturas políticas nos enceguecen: nos olvidamos que detrás de los números, hay personas.

En los primeros dos días de la mixta no hubo indicaciones. El jueves tampoco hubo cifras. Los parlamentarios de la comisión, con justa razón, pidieron tenerlas para poder legislar un tema tan sensible. Resulta obvio, pero esas presentaciones no las tenían. Tal es así, que el día viernes cuando sí mostraron datos, el superintendente de Salud se excusaba una y otra vez del tipo de presentación: «Ha sido complejo armar esta presentación en poco tiempo». Han tenido un año y medio para ello…

Recién ayer el Ejecutivo ingresó indicaciones, pero ninguna da solidez clara al sistema, más bien parece darle muerte lentamente. Esto puede llevar a que la ley no prospere. ¿Y qué ocurrirá? Volveremos a fojas cero y será el superintendente de Salud quien deba hacer cumplir el dictamen y en sus manos estará, tal como siempre lo estuvo, la sostenibilidad financiera del sistema.

Y aquí cabe preguntarse qué rol tomará el superintendente de Salud. ¿Pasará a la historia como el hombre que dio solidez al sistema financiero sin perjudicar a más de 2.700.000 personas? o ¿será quien le ponga la lápida a las aseguradoras y, con ello, al consecuente colapso en el sistema público?