Hero Image

UDD en la Prensa

Financiamiento sin discriminaciones arbitrarias

Publicado en: El Mercurio | 30 mayo, 2015
Federico Valdés Lafontaine
Federico Valdés Lafontaine Rector

En la reciente cuenta presidencial se ha señalado que a partir de 2016 los jóvenes provenientes del 60% más vulnerable podrán asistir de manera gratuita, sin beca ni crédito, a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, excluyendo así a los más de 150 mil jóvenes de igual condición socioeconómica que optaron por estudiar en alguna de las universidades que no forman parte de dicho grupo. Aún se desconoce la forma como se llevará a cabo esa política, por lo que no es posible pronunciarse ahora sobre los efectos concretos que su aplicación pueda tener; con todo, lo que ha quedado claro luego del anuncio del 21 de mayo es que su implementación implica una profunda discriminación que no tiene cabida en la sociedad actual y que no se condice con el nivel de desarrollo alcanzado por nuestro sistema de educación superior.
Un adecuado diseño de políticas públicas obliga a establecer criterios objetivos tanto respecto de las características de los jóvenes que se verán beneficiados como de los requisitos que se les exijan a las instituciones, otorgando así un trato similar desde el Estado a todos los que estén en la misma condición y estableciendo exigencias que, aunque no todos cumplan en un momento determinado, no sean excluyentes. En lo que a los estudiantes se refiere, el anuncio olvida que un número importante de los que pertenecen al mencionado 60% más vulnerable optó por estudiar en una universidad que no pertenece al CRUCh, marginándolos de la gratuidad ofrecida; en cuanto a las instituciones, la pertenencia a ese Consejo es una barrera imposible de superar e implica una exigencia que por más voluntad que las universidades tengan, jamás podrán cumplir por su propia cuenta, ya que requiere de la dictación de una ley para su incorporación. El anuncio presidencial deja en evidencia que, sin importar los esfuerzos que hagan y la preferencia que los estudiantes tengan por ellas, un grupo de universidades quedará relegado, y sus alumnos, discriminados.
Si lo que se busca es distinguir entre universidades para los efectos de otorgar beneficios a sus estudiantes, existen distintos parámetros que pueden considerarse en conjunto o individualmente, tales como los años de acreditación, los bienes públicos que producen, la investigación que realizan o el valor agregado que aportan a sus alumnos, por mencionar algunos. Se ha pretendido equivocadamente, que la pertenencia al CRUCh satisface ese propósito de distinguir entre universidades, lo que debe corregirse.
Un buen ejemplo del enfoque equivocado de la diferenciación basada en la pertenencia o no al Consejo de Rectores lo constituyen las ocho universidades privadas que adherimos en 2011 al Sistema Único de Admisión. Éstas tienen, en promedio, más años de acreditación que el conjunto de universidades de ese Consejo y el hecho de que las ayudas estudiantiles a las que nuestros alumnos tienen acceso sean menos ventajosas que las que se entregan a las universidades del CRUCh no ha sido obstáculo suficiente para mantenernos entre sus preferencias.
Ante el objetivo de asegurar el acceso de los sectores más vulnerables a las oportunidades que la educación superior ofrece, se deben diseñar instrumentos que, junto con promover el desarrollo institucional, reconozcan y potencien la posibilidad de elegir de los jóvenes. Ofrecer mejores condiciones de financiamiento estudiantil para un grupo de estudiantes considerando criterios anacrónicos y estableciendo barreras infranqueables atenta contra ese sano propósito.