Faltó convicción y audacia
En el informe entregado por la Comisión Ciencia para el Desarrollo se incluye la propuesta de crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aunque la idea no es nueva -en marzo de 2014 el entonces Presidente Piñera dejó presentado un proyecto de ley sobre la materia, recogiendo la recomendación que en forma unánime había formulado la Comisión Asesora convocada el 2013-, se esperaba un avance adicional considerando la experiencia acumulada en el estudio del tema. Sin embargo, a partir de un diagnóstico similar al que planteó el grupo asesor convocado en el gobierno anterior lo que propone la nueva comisión difiere en dos dimensiones. Primero, su alcance es mucho más limitado; y segundo, no se logró consensuar una visión unánime sobre el tema entre el grupo convocado, lo cual le resta fuerza a la recomendación formulada. Con respecto al fondo del asunto, el elemento central de destacar es que en esta oportunidad el ministerio que se propone no incluye a la educación superior. El proyecto de ley que se envió el 2014 proponía crear un Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación -organizado sobre la base de una Subsecretaría de Educación Superior y a una Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación-, con el propósito de mantener articulada la cadena de desarrollo de la que forman parte.
Una visión sistémica y articulada de esta cadena permite diseñar e implementar políticas públicas mejor orientadas. Si como país aspiramos a tener una educación superior de calidad, se requiere una mayor conexión con la investigación básica en ciencia, tecnología e innovación.
El estrecho entrelazamiento existente hace aconsejable un diseño institucional en que la coordinación entre estas áreas recaiga en un único responsable político.
Se echa de menos también un avance adicional en materia de propuestas en lo relativo a la gobernanza de las principales agencias ejecutoras de las políticas de ciencia e innovación (Corfo y Conicyt fundamentalmente). Si bien se reconoce la importancia de que operen con mayor flexibilidad, sólo una de las propuestas considera la participación en sus consejos directivos de personas no vinculadas al gobierno, provenientes del sector privado y del mundo académico, sin entrar en mayores detalles.
Otro aspecto no mencionado por este grupo asesor es la necesidad de modificar la legislación que regula los criterios y mecanismos a los que deben ceñirse las agencias a efectos de asignar y fiscalizar los fondos públicos. De acuerdo al marco vigente, éstas deben regirse bajo las reglas generales de compras de servicios del Estado, lo cual no se condice con la flexibilidad requerida en estos ámbitos.
Ante el modesto avance que estas propuestas representan, sólo cabe concluir que faltó convicción y audacia. Una nueva institucionalidad en este campo no debe pensarse sólo para resolver los problemas más urgentes que se observan en el presente, sino que debe dar forma a un marco que sea más eficaz (flexible) para poder resolver de la mejor manera posible los desafíos que Chile va a enfrentar en el futuro.