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UDD en la Prensa

Eutanasia: no todo lo que brilla es oro

Javiera Bellolio Secretaria Ejecutiva Comité de Bioética de la Investigación

El debate sobre la despenalización de la eutanasia se ha mantenido hasta ahora en un plano puramente teóricoconceptual. Sin embargo, considerando las implicancias sociales de una legislación de ese tipo, resulta obvia la necesidad de ampliar la discusión para incluir aspectos relativos a su eventual implementación y fiscalización. Experiencias como las reformas del sistema tributario y de la educación superior, para no mencionar el Transantiago, son dolorosos ejemplos de la distancia que puede mediar entre la teoría y la realidad.

Los Países Bajos, cuyo Parlamento aprobó despenalizar la eutanasia en el año 2002, el primero a nivel mundial, constituyen un inigualable campo de estudios sobre las consecuencias de ese acto. Desde entonces, sucesivos gobiernos han monitoreado la situación, generando una gran cantidad de información confiable. Entre las enseñanzas que el caso neerlandés ofrece a nuestro país son destacables las siguientes:

1) La ley otorga a los enfermos el derecho a solicitar una muerte médicamente asistida, pero la decisión de otorgarla queda en manos del Estado. Este, a su vez, ha delegado esa potestad en el gremio médico. Estos profesionales pueden negarse a efectuarla por objeción de conciencia o por considerar que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la normativa legal. Las negativas son tan frecuentes que motivaron la creación de la Clínica del Fin de la Vida. Esta entidad, integrada por médicos que son fervientes partidarios de la eutanasia, se encarga de una tramitación rápida de las solicitudes inicialmente rechazadas y practica las eutanasias a domicilio.

2) Los médicos que realizan una eutanasia deben acatar ciertas normas procedimentales, las que incluyen informar ex post a los entes fiscalizadores sobre lo obrado. Mediante encuestas anónimas, el gobierno neerlandés ha llegado a la conclusión de que un 20% de las eutanasias realizadas no son reportadas. La mayoría de ellas, unas 1.300 cada año, corresponden a acciones que aparentan ser cuidados paliativos, como la sedación profunda. En los Países Bajos la frecuencia de uso de este tipo de sedación supera ampliamente las de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, países que no permiten la eutanasia. Reconociendo la existencia de una considerable “evasión” en cuanto a eutanasias reportadas, el Instituto Nacional de Estadísticas de los Países Bajos (CBS) corrige las cifras de mortalidad por esa causa que consigna el ente fiscalizador de “muertes médicamente asistidas” (RTE), sumándoles el porcentaje de casos presuntamente no reportados.

3) El RTE se limita a revisar los casos de eutanasia formalmente reportados. La única instancia de control ex ante es la obligatoriedad de consultar a un colega, para lo cual existe una lista oficial de profesionales voluntarios. Obviamente, un mal proceder solo será detectado por las autoridades en la medida que el médico esté dispuesto a autodenunciarse en su informe.

4) Respecto de las causales para una muerte médicamente asistida, la ley neerlandesa se limita a definirlas en forma genérica. Esto posibilita un margen de interpretación que, en la práctica, ha significado que —además de personas con dolores insoportables y próximas a morir— existan casos de eutanasia efectuadas por sufrimiento psicológico, trastornos del ánimo, alcoholismo, drogadicción, por solidaridad con un cónyuge en “estado terminal”, tinnitus (ruido constante en los oídos), y trastornos psiquiátricos, incluyendo los distintos tipos de demencia. A estas se suman las malformaciones congénitas del recién nacido.

Sin duda, el caso neerlandés demuestra que la despenalización de la eutanasia no implica la garantía de que todos los solicitantes serán complacidos, que involucra a los médicos como jueces y parte en situaciones vitales que pueden ser de un muy difícil discernimiento y que lograr una fiscalización aceptable representa un enorme desafío. A la luz de las realidades culturales, sociales, sanitarias y judiciales de nuestro país, estos hechos invitan a preguntarse: ¿estamos en condiciones de dar un paso que la inmensa mayoría de los países que han liberalizado el aborto (que ya no se rigen éticamente por el catecismo, como ha dicho alguien) han preferido abstenerse de darlo?

Javiera Bellolio A. Centro de Bioética, Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo

Pedro Pablo Rosso R. profesor emérito, Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile