El tema sobre el cual quiero reflexionar tiene relación con la aprobación en la Cámara de Diputados el jueves 6 de mayo del 2021, de un nuevo royalty minero, y cuáles podrían ser sus efectos en el mediano y largo plazo para la industria.

La gran minería representa cerca del 10% del producto interno bruto en Chile, emplea a más del 12% de la fuerza laboral y es el principal empleador directo e indirecto en regiones del país, donde no existe diversificación industrial, alcanzando en algunas regiones cerca del 60% del empleo directo e indirecto asociado a la industria, además de movilizar a una serie de otras industrias contratando sobre 1.500 empresas proveedoras a lo largo del país.

Entre el año 2000 y 2019 -de acuerdo con cifras de Cochilco-, cerca de 45 mil millones de dólares fueron recaudados por el Fisco gracias a la industria minera, si se mantienen los niveles de precios que estamos viendo estos días, solo el año 2021 la tributación de la industria sería del orden de 10 mil millones de dólares.

Resulta necesario entender el contexto en el cual se encuentra la minería nacional; es importante tener en mente que la concentración de cobre o la ley de cobre ha disminuido cerca de un 50% desde el año 1999, pasamos de concentraciones de 1,45% en dicho año a concentraciones del orden de 0,67% en el año 2020. ¿Qué quiere decir esto? que para poder producir la misma cantidad de cobre al año, se ha tenido que duplicar el movimiento de roca, lo cual hace que efectivamente los costos en Chile hayan aumentado. Solo como referencia, el año 2000, el denominado C3 o el costo total de una minera ha experimentado una fuerte alza en promedio en la industria minera en Chile. El año 2000 dicho costo era del orden de los 70 centavos de dólares la libra y en los últimos cinco años este costo ha estado en torno a los 240 centavos de dólar la libra.

Adicionalmente, desde el año 2003, la producción de cobre fino en Chile se ha mantenido relativamente constante en torno a 5.500 millones de toneladas de cobre fino, lo anterior significa que gran parte de las nuevas inversiones solo han venido a reemplazar la pérdida de producción de otros yacimientos. Por otro lado, la participación de Chile en la producción mundial de cobre ha bajado de un 36% en el año 2004 a un 28% el año 2020, sumado con el hecho que el ranking que posiciona a un país como favorable para invertir en minería, desarrollada por el Instituto Fraser, la cual considera aspectos tales como el funcionamiento de las instituciones, el sistema de gobierno, la calidad de la infraestructura, la calidad de las instituciones de educación, autonomía del poder judicial y, también, qué tan cambiantes son sus políticas tributarias o la política general, donde Chile ha caído de manera importante. El año 2004 Chile estaba ubicado en el cuarto lugar, y desde esa fecha hemos tenido un decaimiento sostenido hasta alcanzar un peak el año 2020, cayendo al treintavo lugar producto, principalmente, de lo ocurrido en octubre del año 2019.

Todo lo anterior sirve para tener una imagen de una industria nacional que sigue siendo sumamente importante, con ingenieras e ingenieros, operadoras y operadores de clase mundial, pero que se ve afectada en su productividad como consecuencia del envejecimiento de los yacimientos, asociados a las razones ya explicadas, como la fuerte caída de las leyes, una baja inversión en exploración y un incremento en la complejidad técnica de la explotación de nuestros yacimientos, y finalmente, para ojos de inversores, un país menos atractivo para invertir.

Actualmente, la industria minera paga del orden de un 9% de sus ventas en impuesto al Fisco, si se considera además los altos costos de inversión para la continuidad de las operaciones mineras, año tras año este valor puede alcanzar cerca del 40% del margen operacional en recaudación para el Fisco. Si el proyecto de royalty minero llegase a ser aprobado -con estos niveles de precios-, la carga tributaria podría llegar a órdenes de un 70% a 80%, lo cual, por supuesto para cualquier industria, es sumamente complejo.

La implementación de un royalty significa, en lo práctico para una faena minera, un aumento en los costos de operación, cuya consecuencia son incrementos en las leyes de corte, es decir, que concentraciones de cobre que hoy son económicamente rentables a un cierto nivel de costo y precio, podrían dejar de serlo en el futuro, lo que finalmente se traduce en bajas en las reservas, es decir, una menor vida útil de una faena minera o potenciales modificaciones en las tasas de producción.

Por supuesto, lo anterior va en línea directa con el precio del cobre, su aumento puede convertir recursos no económicos en recursos económicos y lo anteriormente dicho puede generar poco efecto; sin embargo, la alta volatilidad del precio obliga a las y los planificadores mineros a tener orientaciones conservadoras del precio del cobre a largo plazo para efectos de evaluar un proyecto o realizar un plan minero, y con justa razón, no podemos planificar que un proyecto que comenzará en cinco años más tendrá durante toda su vida útil, precios del orden de 4,5 dólares la libra.

El caso sudafricano es un ejemplo muy interesante y que va en línea a lo mencionado anteriormente. El Fisco, en efecto, tuvo en el corto plazo un importante aumento en su recaudación por concepto de royalty de la industria minera, pero en el mediano y largo plazo vio disminuido su valor presente debido a que la vida útil de muchos proyectos se acortó, así como disminuciones en las tasas de producción.

Todo lo anterior pone sobre la mesa aspectos importantes a considerar sobre estas decisiones; podríamos, sin querer hacerlo, generar un efecto contrario en la recaudación fiscal de lo que se espera con una medida como ésta. Por lo mismo, creo que el camino pasa por fomentar la inversión minera, el descubrimiento de nuevos yacimientos y de esta manera incrementar la recaudación fiscal, recuperando la posición perdida los últimos años.