La protección de los denunciantes —conocida como whistleblowing en el sistema anglosajón— es un elemento esencial para fomentar la transparencia, responsabilidad e integridad en las organizaciones e instituciones. Proporciona un mecanismo para que las personas denuncien conductas indebidas, fraudes y otras actividades ilegales sin temor a represalias. Una protección eficaz de los denunciantes no solo ayuda a descubrir y abordar las irregularidades, sino que también actúa como elemento disuasorio contra el comportamiento poco ético, promoviendo así una cultura de honestidad y cumplimiento ético.

Uno de los principales valores de la protección de los denunciantes reside en su capacidad para capacitar a las personas para actuar en interés público. Al ofrecer una vía segura y confidencial para informar de sus preocupaciones, las organizaciones pueden utilizar los conocimientos de las personas que a menudo están mejor situadas para detectar los primeros indicios de mala conducta. Esto puede conducir a la detección temprana y a la corrección de los problemas, antes de que se conviertan en problemas más importantes. Además, la existencia de una sólida protección de los denunciantes puede asegurar a los empleados que sus preocupaciones se toman en serio, lo que puede mejorar la moral y la confianza en la organización.

La protección de los denunciantes también es crucial para el cumplimiento de la normativa. En muchos casos, los organismos reguladores confían en los denunciantes para sacar a la luz infracciones que, de otro modo, permanecerían ocultas. Esto es especialmente importante en sectores en los que hay mucho en juego, como finanzas, sanidad y protección del medio ambiente. Al proteger a los denunciantes, los gobiernos y las autoridades reguladoras pueden garantizar el acceso a información crítica que puede ayudar a hacer cumplir la ley, ahorrando así dinero a los contribuyentes.

En Chile, el panorama de la protección de los denunciantes está evolucionando. Históricamente, el país se ha enfrentado a retos relacionados con la corrupción y la falta de transparencia, que han puesto de relieve la necesidad de mecanismos sólidos para promover la transparencia y proteger a los denunciantes de represalias. Los recientes esfuerzos legislativos, como la introducción de la Ley Nº 21.592d de delitos económicos, y la Ley Nº 20.393, de responsabilidad penal de las personas jurídicas, reflejan un creciente reconocimiento de la importancia de la denuncia de irregularidades. Sin embargo, existe una laguna notable en la orientación procedimental proporcionada para la aplicación efectiva de estas disposiciones. Sin directrices claras, las organizaciones pueden tener dificultades para establecer mecanismos de denuncia eficaces que garanticen la confidencialidad y el anonimato de los denunciantes. Esta situación subraya la necesidad de que Chile busque en las mejores prácticas y marcos internacionales ejemplos y modelos que puedan adaptarse al contexto local.

Al examinar las experiencias del Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos, países que han desarrollado mecanismos que no solo facilitan el tratamiento eficaz de las denuncias, sino también la aplicación de medidas correctivas, Chile puede obtener valiosas ideas sobre cómo diseñar e implementar canales de denuncia que sean eficaces y culturalmente apropiados.

En conclusión, no se puede exagerar el valor de la protección de los denunciantes. Para Chile, el reto consiste en salvar la brecha entre la intención legislativa y la aplicación práctica de la protección de los denunciantes. Basándose en las mejores prácticas internacionales y adaptándolas al contexto local, el país puede mejorar su marco de protección, convirtiéndose así en un ejemplo a seguir en la región de Sudamérica.