El sistema presupuestario en Chile
1. Tradición presupuestaria
La ley de presupuesto que rige al sector público, es una estimación financiera de los ingresos y de los gastos para un año determinado. A través de ella se busca lograr un equilibrio entre los recursos disponibles para satisfacer las múltiples necesidades del Estado.
En nuestro país existe una sólida tradición, arraigada en la Constitución y en las leyes, mediante la cual cada año se da origen a una nueva ley de presupuesto.
Esta ley es muy importante, porque en ella se determina la forma en que se manejarán las finanzas públicas durante un año determinado.
2. Sistema actual: participación Presidente y Congreso
El sistema chileno es esencialmente presidencialista. Así, en lo relativo a la determinación del presupuesto, la iniciativa se ha entregado de manera exclusiva al Presidente de la República. Ello tiene bastante sentido, toda vez que es el Presidente quien determina los objetivos de la política fiscal; es decir, es quien intenta controlar la estabilidad macroeconómica, quién busca satisfacer adecuadamente derechos sociales mediante la asignación de recursos, y quién establece las metas de desarrollo y bienestar del país.
Nuestro sistema es dual, porque requiere de la participación de dos poderes del Estado: el ejecutivo y el legislativo. Por una parte, el Presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva para presentar el proyecto de ley sobre presupuesto. Por otra parte, el Congreso debe aprobar el proyecto a más tardar el 30 de noviembre de cada año. Así, el acuerdo entre ambos poderes es un requisito esencial para la aprobación del presupuesto fiscal.
Para aprobar el presupuesto, el Congreso debe informarse adecuadamente de lo que el Presidente ha enviado, dado que las atribuciones de los parlamentarios en esta materia se limitan a disminuir el monto del gasto destinado a algún ítem en específico. Durante la tramitación de este proyecto de ley, el Congreso no puede aumentar gastos de las partidas, salvo que señale de manera precisa cuales serán las fuentes de financiamiento, y tampoco puede eliminar un gasto por completo.
Finalmente, si el acuerdo no se produce dentro del plazo legal, el sistema permite que rija el proyecto planteado originalmente por el Presidente de la República.
3. Relevancia del sistema
El sistema presupuestario fiscal chileno, basado en el acuerdo entre dos de los tres poderes del Estado, pero con primacía de la decisión del Gobierno en caso de no producirse el esperado acuerdo, tiene su origen en la Constitución de 1925, cuyo contexto histórico se enmarca en un país que entró al siglo XX en medio de una crisis económica arrastrada desde fines del siglo anterior. y que se encontró con hechos como la Revolución Rusa, la Primera Guerra, y la Depresión del 29, que también tuvieron impacto en Chile. Así, los primeros años del siglo XX no contribuyeron al crecimiento económico ni a la estabilidad del país.
Pero, además, el país en 1890 atravesó fuertes tensiones políticas, sociales y económicas. El Congreso no aprobó la ley de presupuesto para el año 1891. El Presidente Balmaceda decidió renovar la ley que había regido para el año anterior. El Congreso de la época se oponía a las políticas públicas que el Gobierno pretendía desarrollar, y el conflicto derivó en una Guerra Civil.
Por ello, la Constitución de 1925 trazó un sistema que permita que la administración de las finanzas del Estado no se vea obstaculizada por las peleas constantes entre Gobierno y Congreso, buscando que el poder ejecutivo pueda cumplir con sus proyectos a pesar de la oposición del Congreso. La Constitución de 1980 recogió este principio, permitiendo que el sistema se mantenga vigente por casi 100 años en nuestro país.
4. Conclusión
El sistema presupuestario busca lograr acuerdos, pero si estos no se producen, hace primar la necesidad de que el país pueda avanzar, mientras se espera que los poderes del Estado concilien sus posiciones. Ello porque al Congreso no puede entrampar el normal desarrollo del país, cualquiera que sea la tendencia política del Gobierno en ejercicio.
Resulta que lo expresado tiene bastante sentido, toda vez que es el Presidente de la República quien determina los objetivos de la política fiscal; es decir, es quien intenta controlar la estabilidad macroeconómica, quién busca satisfacer adecuadamente derechos sociales mediante la asignación de recursos, y quién establece las metas de desarrollo y bienestar del país. Esta función la desempeña todo el año, para lo cual planifica, proyecta y ejecuta el presupuesto fiscal, según se ha expuesto.